La Organización Mundial de la Salud y diversas instituciones académicas y de investigación internacionales están poniendo por los suelos la campaña de vacunación contra Covid-19 en México. Un reporte de los últimos días considera que en este país han fallecido 417 mil personas por este virus, coincidiendo con otras informaciones locales y extranjeras. Los evaluadores comisionados para este estudio hablan de negligencia como principal causa de muerte de 190 mil personas en 2020.

Este caos tiene que ver con el manejo político y no científico de la pandemia y del proceso de vacunación. No estamos hablando de una vacuna suministrada bajo estrictas medidas y estrategias de salud pública, aplicada como parte de una acción meditada dentro de un estado de bienestar, o un estado de derecho, sino más bien de lo que podría llamarse como “la vacuna de palacio nacional”, dirigida mercurialmente según las ideas, argumentos y planeación de dos personajes con visión política y electorera: López Obrador y López Gatell, su médico de cabecera, contando ambos con la dócil y disciplinada participación del secretario de salud federal, un pobre sujeto que podría ser acusado y sentenciado penalmente en el futuro. 

Gracias a estos tres señores de la insensatez, México tiene el segundo índice de letalidad más alto del mundo (más de 209 mil decesos hasta ahora). Y cuando se sabe que las vacunas compradas en cantidades millonarias no llegan con la rapidez debida y que se aplican con retrasos sospechosos, además de insistir en que casi estamos en semáforos verdes, se entiende que el escenario de fallecimientos podría ser más complicado.  

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Una de las pruebas de que este asunto no está bien manejado, lo proporciona el hecho de que los médicos del sector privado del país están manifestándose para obligar a que se les incluya en la vacunación, junto a los médicos y personal de la salud pública, a quienes ya se atiende.  Se calcula que unos 40 millones de habitantes acuden a servicio médico en el sector privado, desde los caros hospitales hasta los modestos consultorios en las colonias populares o en las redes de farmacias del sector productivo. Si a ello se suma a los dentistas, nutriólogos y psicólogos, psiquiatras, que prestan atención a la salud, podríamos estimar en cientos de miles de estos profesionales dejados a su suerte solo por la errónea percepción del mandatario y sus ayudantes. 

Esta semana han salido a las calles a protestar grupos de médicos que dicen representar a más de 28 mil trabajadores de la salud en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Urgen a los encargados a autorizar su vacunación, mientras tanto, AMLO les pide que esperen su turno, a pesar de que hace dos meses aseguró que se iban a “vacunar a todos los médicos y enfermeras y trabajadores de los hospitales públicos y privados”.

En relación al coronavirus, la organización Amnistía Internacional ha informado que el número de víctimas del sector salud de México, es el más alto del mundo. La sociedad mexicana estará atenta a la solución de estas justas demandas sociales de personas del sector privado (médicos, enfermeras, laboratoristas, nutriólogos y psicólogos) que están en la primera línea de atención a la salud de los enfermos del país y el presidente López Obrador seguirá diciendo que la difusión de los reclamos de médicos es parte de una campaña contra su Gobierno.

En este estado de cosas, la 4T se ocupa de existir y no de la vida de los mexicanos. 

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