Dentro de los cincuenta y tantos candidatos que sueñan con ser considerados en la terna final que determinará al auditor general del ORFIS para el periodo de siete años que iniciará en semanas por venir, solo dos o tres son los que verdaderamente cuentan con las condiciones para realizar decorosamente esa difícil encomienda.

En esa extensa lista existen tres grupos: el más abundante, el que conforman todos aquellos con perfil o sin él, que se inscriben a todo aquello que pueda sacarlos de su amarga vivencia fuera del presupuesto público. Otros más, con perfil, o sin él, son los que tienen larga cola que les pisen y saben, o no saben, que sobre ellos existe una completa batería de obuses, lista para ser dirigida sobre sus ambiciosas cabezas cuando la situación lo amerite. 

El tercer grupo, que es el más compacto y pequeño, es el de los escasísimos candidatos de la oficina del gobernador y oficinas superiores, que desde hace varias semanas están ocupados en estudiar, planear y analizar estrategias para hacer de ese órgano autónomo un verdadero coadyuvante de que el erario sea aplicado con la mayor corrección y eficacia posible.

En este último grupo, que es el que verdaderamente importa, se dice que se encuentran una o dos damas, una de ellas la contadora Cecilia Coronel Brizio, de quien no se tienen malas referencias o escándalos en los numerosos cargos que ha ocupado en su trayectoria pública y de vida personal. Otro, u otra más, es la persona que el ejecutivo del estado pudiera tener como su más querido o apreciado prospecto al puesto, quien ya estaría realizando todo lo necesario para hacer el abordaje, una vez aprobado por el Congreso del Estado, o bien para quedar en una posición junto al ganador, a manera de visor mayor de la casa de gobierno.

El tercero, que es el contador Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, actual auditor general del estado, es un experimentado funcionario que espera tranquilamente la designación en su favor, o en favor del que determine el sistema político de la cuarta transformación. 

En su caso, existen algunas consideraciones a evaluar, previas a la toma de decisión final. Palabras Clarasha referido las denuncias que el funcionario ha presentado contra mucha gente duartista y yunista que incurrió en irregularidades, y también una peculiar denuncia sobre adquisiciones millonarias de videocámaras, que quizá sea la clave que determine el desenlace de este examen cupular para definir al nuevo auditor general.

En el editorial titulado ORFIS: ¿DEBEN DESDEÑARSE LAS AMENAZAS AL AUDITOR GENERAL? que se publicó el 4 de junio pasado, se ponderó lo siguiente: 

“El periódico porteño Imagen del Golfo publicó ayer la noticia de que el domingo pasado en la Ciudad de México, el auditor general del Orfis recibió amenazas al parecer originadas por los trabajos de investigación y auditoría técnica y financiera que realiza la instancia fiscalizadora respecto a un contrato por mil cien millones de pesos para instalar en el estado un sistema de video vigilancia.”

“La publicación también hace notar que el servidor público no refleja gran preocupación sobre su seguridad e integridad física y que además señala que es la segunda vez que lo tratan de atemorizar por el mismo asunto…El contrato en cuestión se firmó durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y por lo que se sabe, las mencionadas cámaras de video vigilancia aún no cumplen con el objetivo para el cual fueron adquiridas.”

“Sobre estas amenazas reiteradas, es posible que las mismas obedezcan a tres situaciones distintas. La primera, al intento de detener las investigaciones sobre el tema de las videocámaras. La segunda, asociada al interés de que el auditor no se reelija para un segundo periodo de siete años, como él ha anunciado. La tercera, que tal amenaza se refiera realmente a otros asuntos igual o más espinosos que el de la video vigilancia, y que traten de desalentar las intenciones de ir a fondo en los diversos temas de su competencia.”

Como se deduce de todo lo que ha realizado Portilla Vázquez, se observan varios asegunes en la designación que habrá de hacer el gobernador este mes de septiembre en el ORFIS. 

Es posible que el tema de las videocámaras y las otras denuncias hubieran impulsado la defenestración temporal de Jorge Winckler en la Fiscalía General del Estado ocurrida en fechas patrias, y a su vez, sea lo que defina la continuidad del auditor durante un segundo periodo en el ORFIS.

Como sea, a quien le toque ese peligroso paquete bomba, sea Portilla Vázquez o alguien más, descubrirá que los asuntos que allí se manejan están cargados de dinamita pura y pueden explotarle en las manos, además de quitarle el sueño por 84 meses.

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