El periódico porteño Imagen del Golfo publicó ayer la noticia de que el domingo pasado en la Ciudad de México, el auditor general del Orfis recibió amenazas al parecer originadas por los trabajos de investigación y auditoría técnica y financiera que realiza la instancia fiscalizadora respecto a un contrato por mil cien millones de pesos para instalar en el estado un sistema de video vigilancia.
La nota refiere que un “enviado” fue al hotel del funcionario veracruzano a decirle “debes preocuparte por lo que estás haciendo”. La publicación también hace notar que el servidor público no refleja gran preocupación sobre su seguridad e integridad física y que además señala que es la segunda vez que lo tratan de atemorizar por el mismo asunto.
Esta actitud de Lorenzo Antonio Portilla Vázquez es la que todo funcionario de alto nivel debiera tener, toda vez que, en el cumplimiento de las atribuciones legales, no es posible que el ejecutor o responsable de ellas, las realice con temor o cuidando intereses o componendas de terceros.
El contrato en cuestión se firmó durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y por lo que se sabe, las mencionadas cámaras de video vigilancia aún no cumplen con el objetivo para el cual fueron adquiridas.
El Contador Portilla Vázquez ha informado que durante su gestión ha presentado 164 denuncias ante el ministerio público y que representan un total de 34 mil millones de pesos en irregularidades en el ejercicio de la función pública.
Sobre estas amenazas reiteradas, es posible que las mismas obedezcan a tres situaciones distintas. La primera, al intento de detener las investigaciones sobre el tema de las videocámaras en Veracruz. La segunda, asociada al interés de que el auditor no se reelija para un segundo periodo de siete años, como él ha anunciado. La tercera, que tal amenaza se refiera realmente a otros asuntos igual o más espinosos que el de la video vigilancia, y que traten de desalentar las intenciones de ir a fondo en los diversos temas de su competencia.
Sea como sea, sería conveniente que el ejecutivo estatal dispusiera algún apoyo en la seguridad personal del auditor. Debe considerarse que el hombre tiene bajo su conocimiento informaciones de carácter confidencial que deben resguardarse y preservarse. El archivo de Lorenzo Antonio Portilla constituye un interesante acervo para efectos de la argumentación, seguimiento y prueba de diversas denuncias por desfalco al estado, que están en proceso en la Fiscalía General del Estado de Veracruz y en la Fiscalía General de la República.
Es bueno que el fiscalizador veracruzano sea una persona discreta y profesional a quien no le impresionan ese tipo de amenazas. Sin embargo, debe reconocerse que cualquier tipo de intimidación al Auditor no es asunto menor.
