Las noticias oficiales sobre el presupuesto estatal para el año 2020 han dibujado las posibilidades de que el gabinete cuitlahuista esté preparando una serie de modificaciones a la Constitución Política del Estado de Veracruz. El mayor indicio de ello surgió de diversas declaraciones que este diciembre ha hecho el secretario de finanzas José Luis Lima Franco.
El responsable de las finanzas del gobierno veracruzano ha revelado las dificultades para que el Instituto de Pensiones el Estado (IPE) pueda recibir los recursos que necesita como subsidio del Estado, lo que ha puesto a temblar a los pensionados y jubilados que no terminan de tranquilizarse. También ha notificado que los presupuestos de todos los órganos autónomos tendrán ajustes a la baja.
El joven Lima Franco habló, sin rubor alguno, de esos recortes apartándose de lo que establece la Constitución de Veracruz, es decir, está impedido para ejecutar esos recortes porque se vulnera la autonomía de esas instituciones.
Sin embargo, por las cifras reveladas, pareciera que el IPE y la Fiscalía General del Estado, serán los entes más castigados en esos recortes. De ahí los trabajos a marchas forzadas para cobrarles los rezagos a los Ayuntamientos deudores que realiza el instituto y su titular Daniela Griego.
Por lo tanto, lo que se vislumbra en los próximos tiempos, es que las grandes preocupaciones de Lima Franco a este respecto se traducirán en los primeros toques, estoques y retoques relevantes que sufrirá la constitución veracruzana, desde aquella gran modificación realizada en el sexenio de Miguel Alemán, en la que participaron juristas de la talla del doctor Francisco Berlín Valenzuela.
Es válido que argumente la disminución de participaciones federales y la caída de la economía, pero la salida del colaborador de Cuitláhuac García, y la bola engañabobos que el financiero tiró respecto a las modificaciones a la Constitución, puede tener varias lecturas interesantes y varios golpes de opinión.
La primera de ellas lleva a una pregunta que salta como liebre entre la maleza: adónde va el dinero público que no gasta el gobierno, si, como se ha dicho, no se conoce la ubicación de las obras que supuestamente realizan las dependencias. Y si no hay obras, y tampoco el monetario para suministrar los subsidios del IPE o para las investigaciones de la Fiscalía, entonces, adónde van esos recursos del erario. Como no hay respuesta clara y contundente, aquí podríamos recordar aquella vieja canción ranchera que preguntaba ¿adónde van los muertos, quien sabe adónde irán?
Y hay otra lectura igual de importante. Será que, en esas modificaciones para condicionar, suprimir o modificar los presupuestos progresivos (los que cada año deben ser mayores en determinados porcentajes), se pretende incorporar otras modificaciones estratégicas para Veracruz.
Si este fuera el caso, Veracruz debiera aprovechar la oportunidad para realizar de una buena vez la operación jarocha, la madre de las modificaciones constitucionales soñadas por muchos, la modificación indispensable para poder tener un gobernador, aunque este no hubiese nacido en Veracruz, como se obliga actualmente.
Y esta posibilidad resulta sumamente necesaria para épocas en las que solo hubiera veracruzanos tontos y, por lo tanto, la Ley permitiera que los grupos de poder pudieran impulsar y sostener en la silla principal del palacio de gobierno a un personaje, digamos nacido en la Ciudad de México, en Hidalgo o en Zacatecas.
Esta modificación podría hacerse desde ya en 2020, como dicen los urgidos. No vaya a ser que las canijas circunstancias lo requieran así en las próximas elecciones, o antes, allá por noviembre venidero.
Ya iremos viendo hasta donde pretenden llegar los líderes y el pueblo sabio de la cuarta transformación.
