En el editorial “EL IPE EN LOS TIEMPOS DEL CÓLERA”, publicado en este portal el 16 de mayo pasado, se hablaba de la delicada situación del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, haciendo mención a las exigencias de información financiera que solían hacerle a su titular durante los últimos meses del anterior gobierno.
Y se agregaba: “Por desgracia para los pensionados y jubilados de esa institución, la situación no es más clara que en esos meses de 2016. Además de aquellos que aún esperan adeudos atrasados, los que ya reciben la aportación que les corresponde, mes con mes deben rezar a todos los santos para que haya puntualidad en los depósitos bancarios”.
“Es de lamentar que el instituto y diversos actores políticos no dejen de provocar sorpresas, indignación e irritación a los miles de ex trabajadores derechohabientes de ese organismo”.
“El origen de esa irritación es diverso y constante. Primero por el desbarajuste financiero que hace pensar en la quiebra del Instituto. También abona a la ira social, la extraña frecuencia con que salen a relucir las declaraciones de que el Estado y los Municipios no cuentan con recursos económicos para pagar los adeudos que tienen con el Instituto, que se han llegado a calcular hasta en 8 mil millones de pesos, poniendo en alta vulnerabilidad las prestaciones de los derechohabientes”.
Al respecto, esta semana se ha dado a conocer un programa institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en el que se hace referencia a la problemática del Instituto y a posibles soluciones. En forma paralela, aparecieron declaraciones de personajes diversos refiriendo un esquema de individualización de cuentas, que se desliza como alternativa. El impecable Hilario Barcelata -actual director general- ha concedido una extensa entrevista respecto a esos temas. Por el fuerte olor que emana de ese espinoso asunto, se percibe que algo se está cocinando en torno al instituto y a los pensionados.
Sobre este caso, un grupo de jubilados se acercaron a Palabras Claras, dando a conocer su sentir y sus apreciaciones, cuyo resumen es el siguiente: “Cuando nosotros entramos a laborar en las dependencias del Estado, lo primero que supimos al firmar los documentos de ingreso, era que al recibir la plaza laboral, en automático se nos descontaba cada quincena una cuota obligatoria para el Instituto de Pensiones, con objeto de tener un monto de jubilación igual al importe de la última plaza, una vez que cumpliéramos con los años de trabajo exigidos por la Ley para alcanzar ese derecho. En ese tiempo, no pensábamos en lo que el instituto hacía con nuestras aportaciones. Así pasaron los años, y periódicamente se fueron aumentando las cuotas para el derecho a la jubilación. Por eso, no se vale que ahora, el director hable de que gracias a que el gobierno es solidario, pueden abonarnos las pensiones. Nosotros aportábamos religiosamente lo que la Ley de Pensiones establecía, nunca menos. También sabíamos que por cada una de nuestras cuotas, el gobierno estatal aportaba otra. De ninguna manera permitiremos que se lesionen nuestros derechos, así tengamos que marchar e inconformarnos multitudinariamente”.
El tema de las pensiones, es uno de los problemas álgidos de las finanzas públicas en muchos países y el nuestro no es la excepción. Ojalá y las alternativas de solución que se planteen para Veracruz, sean amigables para jubilados y pensionados, sin pretender retroactividades en su aplicación, haciendo a un lado los derechos humanos y las leyes.
Las cosas en el estado no van bien, entonces no sería prudente levantar y echar a las calles a estas personas, que ya desde hace meses se muestran inconformes y desesperadas. Sólo imaginemos a los 29 mil pensionados, que dicen que son, y a sus familias, caminando con ellos, haciendo manifestaciones en las principales ciudades y lanzando proclamas y discursos en contra del gobierno.
Para qué jalar los bigotes a un tigre que puede despertar y zarandear a las autoridades, en medio del polvo que seguramente levantarían.
No echen más gasolina al fuego.
