La gira del presidente de la república a Querétaro funcionó con efecto mariposa en Veracruz. Y parece que López Obrador emula a Porfirio Díaz en sus afanes faraónicos, representados en relevantes obras prioritarias: Aeropuerto de Santa Lucía, Istmo de Tehuantepec, Proyecto Chapultepec y Tren Maya. Debe recordarse que el dictador fue impulsor y desarrollador de importantes puertos y de los ferrocarriles nacionales
Y ayer el mandatario volvió a mostrar esa fijación de querer pasar a la historia, a toda costa. En esa progresista capital, declaró que su gobierno daría la concesión al empresario que se interesara en el tren México-Querétaro. También aprovechó para alejar el coronavirus del imaginario colectivo nacional y meter en la agenda la idea de que se tiene que revocar la concesión “a cien años” del puerto de Veracruz. Aunque en esto último, al ejecutivo federal le fallaron los otros datos que esgrimió en su vocalización mañanera. La Administración Portuaria Integral de Veracruz, es una empresa paraestatal del gobierno mexicano.
Pero las palabras de AMLO sí sirvieron para zarandear a muchos en Veracruz. Al sector empresarial veracruzano, a varios sindicatos de trabajadores y también al pasmado gobierno estatal y a sus durmientes generales. El primero en reaccionar fue el diputado federal Ricardo Exsome Zapata, uno de los empresarios jarochos mayormente beneficiados en la recientemente terminada construcción de las multimillonarias obras de ampliación del puerto y actualmente el principal candidato a la presidencia municipal de Veracruz.
El diputado federal se tomó las cosas con calma y aconsejó prudencia en la reacción, sugiriendo que los dichos del presidente provienen de informaciones equivocadas de algún inexperto funcionario federal.
Lo que Exsome Zapata y varios conocedores saben bien, es que, en la zona metropolitana de Veracruz, que incluye a los municipios de Boca del Río, Medellín, Alvarado, Manlio Fabio Altamirano y Soledad de Doblado, se generan 4 de cada 10 pesos que genera la economía estatal en su conjunto; y saben también que allí se construyen cuatro de cada diez viviendas estatales. Es el principal centro turístico y comercial. Y hasta en la pandemia resalta tristemente la zona. Allí se encuentra la tercera parte de todos los veracruzanos contagiados y fallecidos por Covid-19.
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Esto quiere decir que, para el gobierno, para los sectores productivos y para la sociedad veracruzana, resultan preocupantes las intenciones que dejó ver ayer el presidente de la república respecto al puerto y sus instalaciones.
La bonanza visible y la pujanza que ha tenido la zona entera, podrían comenzar a caer si el presidente, o alguno de sus estrategas de la política, trae entre las cejas la idea de una mayor intervención burocrática en todas las actividades relacionadas con API Veracruz. Imagínese, dejar el puerto en manos de gente como López Gatell, como Miguel Barbosa, o como Ana Guevara, Olga Sánchez, Rocío Nahle o Manuel Bartlett. Adiós economía.
La API Veracruz es una empresa paraestatal de la Federación, constituida el 15 de diciembre de 1993 a través de una concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de bienes del dominio público, construcción de obras, prestación de servicios portuarios y administración y explotación comercial mediante los concursos públicos y contratos que contempla la Ley y siempre en un marco de rentabilidad para el puerto y sus socios comerciales.
Como puede comprobarse, en este caso, la administración del puerto no corresponde a particulares. Existe un consejo de administración en el que participa mayoritariamente el gobierno federal, quien además designa al director general de la API.
Por lo pronto, el presidente López Obrador distrajo a la nación y le dio una buena zarandeada a la clase empresarial, a los dueños del capital y a los sectores políticos de Veracruz.
