El gastado y desgastado tema de los adeudos que reclama al gobierno estatal un grupo de empresarios veracruzanos que este lunes protagonizaron su enésima escena en torno a ese hecho, obliga a analizar el asunto, atendiendo a distintas ópticas y posibilidades de solución.
Y no debemos olvidar que se trata de contrataciones de bienes o servicios que se realizaron durante la cuestionada administración de Javier Duarte, quien se vio forzado a solicitar licencia al cargo y que, apenas dejándolo, huyó a Centroamérica, hasta que meses después fue localizado por las autoridades en Guatemala.
A Flavino Ríos Alvarado, su sustituto en el poder ejecutivo por 49 días, después de su asunción, Palabras Claras le dedicó un editorial titulado DOS PREGUNTAS, SEÑOR GOBERNADOR, que desde luego no obtuvieron respuesta alguna. Entre otras cosas, en aquel momento se dijo lo siguiente:
“A este respecto, los veracruzanos le agradecerán a usted que, investido ya como gobernador, termine con las dudas, en relación a un asunto de alta preocupación para la sociedad”
“Que tenga a bien informar exactamente, a cuánto asciende la deuda total del gobierno de Veracruz, y quienes son sus acreedores. Es preciso poner un alto al carrusel de cantidades que semana tras semana se ventilan en las conversaciones, en las conferencias de prensa de los servidores públicos y en las columnas políticas de los periódicos.”
“Así mismo, que informe a los veracruzanos a cuánto asciende el monto desaparecido de las arcas públicas, que incluya el dinero de origen estatal y el federal que está reclamando la Auditoría Superior de la Federación.”
Flavino Ríos no pudo responder, o no actuó como se esperaba en ese corto periodo como ejecutivo estatal. Incluso fue denunciado por el gobernador Yunes Linares, encarcelado temporalmente y regresado a su casa por razones de enfermedad.
Pero justamente es ahí, en ese instante en que al mandatario actual le salen a relucir esos molestos cobros añejos, cuando se hacen descubrimientos tristes y desalentadores para los insistentes acreedores.
El primer hecho que se hace patente, es que ni Duarte, que generó ese pasivo, ni Flavino, en segundo momento, ni Yunes, en tercer momento, quisieron finiquitar esos compromisos con los enojados empresarios.
Y cuáles razones impidieron el pago de esos “compromisos”. Quizá, porque no quisieron. O porque no tuvieron las evidencias físicas de los bienes o los elementos documentales para hacerlo. O simplemente porque encontraron reglamentación legal que establece que los fondos públicos no pueden utilizarse para pagar compromisos pertenecientes a años atrasados o que no tuvieron aprobación presupuestal previa.
En realidad, esta es la razón verdadera. Y lo que debe hacerse primero, es preguntarse si el próximo gobernador, o sus funcionarios, se atreverán a contravenir la ley.
Ninguno de ellos lo hará, desde luego. A menos que la legislatura del estado, apruebe un decreto para pagar esos pendientes con fondos de origen estatal (provenientes de la enajenación de inmuebles y bienes del estado, o la recaudación de impuestos locales, como el de la nómina).
Para poder hacerlo, deberá acreditarse que no se hubiera incurrido en irregularidades normativas, administrativas o fiscales, y que de manera fehaciente se compruebe la entrega de los bienes o servicios a dependencias públicas o beneficiarios reales y apegados a programas institucionales.
Pero existe una circunstancia fundamental en esta problemática. Y debe entenderse, porque ese es el quid. Acaso querrá Cuitláhuac García ya como gobernador, utilizar recursos públicos bajo su responsabilidad, para resolver temas de administraciones pasadas, cuyos gobernadores desdeñaron. Es difícil esperar algo así. El gobernador electo, al parecer, no se ha mezclado en componendas mercantiles.
Lo más probable es que no acepte. Y que, con la ley en la mano, conteste: “Los platos rotos, deben pagarlos aquellos que los rompieron”.
