La semana pasada fue mala para Veracruz en lo referente a su problemática ambiental. Tres noticias importantes trajeron preocupaciones latentes de la población de este estado del Golfo de México. Inquietudes válidas y permanentes en una entidad con más de 700 kilómetros de litoral y que tiene la tercera parte del agua dulce de la nación y una de las mayores biodiversidades reconocidas por las instituciones medioambientales.

El primer asunto delicado fue el grave incendio iniciado el miércoles pasado y resuelto un día después en la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán. Los vecinos de la isla de Capoacán enfrente de las instalaciones petroleras, denunciaron la aparición de residuos de hidrocarburos y otros productos que se quemaron y que están ocasionando fuerte contaminación atmosférica y en el propio río. 

Las autoridades federales informaron que la refinería dejó de operar de manera indefinida mientras se realizan las investigaciones. Por este tipo de percances, los municipios del sur del estado suelen sufrir daños a la salud, a sus viviendas y a sus áreas de producción agropecuaria y como remedio los afectados reciben algún pago simbólico. 

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Otra noticia que causó alarma fue la ruidosa aseveración que un académico realizó a El Universal sobre la posibilidad de un desastre en la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde -que produce el 5% de toda la energía eléctrica del país- a causa de deficiencias de mantenimiento. El mismo viernes la CFE desmintió la información de Bernardo Salas, asegurando que la planta no está en riesgo de accidente. 

Sin embargo Laguna Verde siempre ha estado en el ojo del huracán debido a que la población de Alto Lucero, Actopan y varios municipios aledaños, reclaman tarifas preferenciales de energía eléctrica por estar en la zona de riesgo, por pagar altos precios de energía y además presionan para que se mantengan en óptimas condiciones los caminos del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), que generalmente están deteriorados y así no cumplen con la función prevista de desalojo rápido en caso de contingencia.

El tercer tema que salió a relucir el viernes también, lo expuso en El Economista el candidato a diputado federal Gabriel Quadri con el título “Ganar la Cámara de Diputados y detener Sembrando Vida”. En esa columna el político y ambientalista sostiene que los diputados deben bloquear la producción de combustóleo y su uso en termoeléctricas por el tremendo daño a los recursos naturales y a la salud de los mexicanos. Pero, sobre todo, insiste en detener los presupuestos para el programa federal “Sembrando Vida”, en el que se pagan cinco mil pesos mensuales a personas que en conjunto destruyen y deforestan grandes superficies, supuestamente para sembrar árboles frutales y maderables, señalando además que ese importe que se recibe como subsidio, es utilizado para desactivar protestas y para hacer política, y no existe suficiente reglamentación y transparencia en su aplicación.

Cabe recordar los frecuentes señalamientos que han hecho ganaderos y ambientalistas veracruzanos sobre los perjuicios de programas clientelares como este, y la devastación que se extiende en el territorio, esencialmente en la zona del Corredor del Istmo de Tehuantepec. 

Pero el problema mayor es la incapacidad y negligencia que hasta ahora ha mostrado María del Rocío Pérez, la jarocha secretaria del medio ambiente, que va para su tercer año descansando en su oficina.

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