Desde que Marcelo Montiel y Alberto Silva dirigieron y desfondaron a la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, la pachanga y la corrupción no terminan en esa alicaída dependencia del gobierno estatal. Secretarios llegan y secretarios se van y las necesidades de los habitantes más pobres siguen sirviendo de pretexto preferido para mal gastar los recursos del erario con prácticas y argumentos asociados al manejo electoral de los ciudadanos.
Pero los pobres aumentan día a día y la eficacia política de la institución no logra comprobarse. Al final de cada una de las gestiones, solo se conocen a los nuevos ricos y a sus afortunadas parejas o compañeras temporales. Y a como se observan las cosas, esa situación continuará durante el relajado periodo a cargo del actual titular, el cuitlahuista y villalpandista Guillermo Fernández. Los hechos observados en los últimos meses así lo confirman.
Primero, el creciente rumor que se mueve entre los integrantes de las cámaras empresariales, en el sentido de que en esa instancia se abusa del manoseo de las adquisiciones y adjudicaciones de contratos de obra o servicios, llegando al extremo de que hasta tres personas que se ostentan como colaboradores, hacen llamadas constantes a los constructores concursantes para ofrecerles sus servicios de acompañamiento en las licitaciones y en el pago puntual de estimaciones de obra. Se habla de porcentajes que van del 15 al 30%. Incluso se dice que ese productivo formato lo comunica y negocia un insistente ingeniero de apellido Rosete.
Un segundo aspecto negativo es el hecho de que a estas alturas los jefes todavía no conocen los procedimientos y normas para gastar eficientemente el presupuesto asignado, el cual este año tendrá un subejercicio de más del 50%. Nadie sabe qué contendrá el segundo informe del gobernador, porque solo han realizado las entregas de dinero en efectivo a causa del coronavirus (mil pesos a 24 mil afectados del sector turismo y cultura, aprobados en la gaceta oficial número extraordinario 194 de mayo de 2020).
Un aspecto sumamente observado por los partidos políticos es la pomposa Estrategia Sembremos Bienestar Común (SBC), que coordina el doctor José Cruz Agüero Rodríguez, director de operación de programas sociales, quien es uno de los más ácidos críticos del programa estrella que instrumentó Yunes Linares, del cual dijo que en ese bienio “la SEDESOL era como un FedEx”, ya que solo repartía.
Agüero es poderoso artífice de la campaña electoral morenista, al mando de 900 sembradores que se contratan desde el año pasado cada enero para distribuirse y hacer las encuestas en las 20 coordinaciones territoriales de SBC.
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Este operador y sus capacitados sembradores, seguramente son los que operarán la entrega de tres mil pesos de apoyo único que acaban de anunciar para las personas en situación de pobreza en todo el territorio. En la hipótesis de que el préstamo fuera para esos apoyos, estaríamos hablando de 370 mil beneficiados que podrían “paliar” su pobreza extrema, aunque sea solo en la semana de la votación. ¡Fina jugada de política morenista! Para hacerlo, cuentan con un parque vehicular de 50 unidades en buen estado y alta tecnología operativa para el registro georreferenciado. El hombre, cercano a palacio y con todo el poder, es el que determina nombramientos, rentas, adquisiciones de equipos y adjudicaciones en el área de siembra a su cargo.
Por eso es casi seguro que por sus habilidosas manos se distribuyan los “apoyos sociales para pobres extremos”, provenientes del préstamo de 1,100 millones de pesos que “no es deuda”, porque así lo informó el gobernador el pasado quince de septiembre.
La prensa estatal ha cuestionado a Guillermo Fernández y a varios de sus colaboradores de orgullosa cepa morenista, principalmente al subsecretario Rolando Ramírez, en permanente campaña personal en Martínez de la Torre, también a la arquitecta Luz Elena Rangel Montalvo, cuyo timbre principal es la familiar amistad con el secretario y hasta al director jurídico y a su diligente secretaria particular.
Mientras tanto y en plena laxitud normativa, la SEDESOL va por la libre en busca del voto que necesita Morena. Solo se espera que ninguna ave de mal agüero, con todo y su “blindaje electoral”, provoque que el equipo y su encomienda se vayan al precipicio.
Porque ahí no han funcionado ni las estrategias, ni los abultados presupuestos, ni los padrones, ni los operadores políticos, ni tampoco los cientos de miles de apoyos que se han repartido año tras año con altísimo costo para el estado.
Por ello, puede afirmarse que los votos más caros del país los han pagado los veracruzanos. Con el agregado de que todos los exsecretarios han salido de allí millonarios.
