La gente del campo veracruzano está sufriendo tiempos muy complicados sin ver en el horizonte la transformación que pregonan y presumen los morenistas y los acomodados familiares de los gobernantes y funcionarios de la 4T. Y parece que continuará igual esa población que no sabe rendirse y que seguirá escuchando los discursos oficiales y electorales que los políticos del régimen repiten sin descanso.
Es cierto que muchas de las familias de los productores agropecuarios y de los campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios, también son beneficiarios de las pensiones y apoyos del gobierno central, pero es un hecho, que fuera de esos apoyos en efectivo, es nulo el respaldo de programas federales que compensen los bajos precios de los productos del campo o, en el caso de los municipios más calurosos, que se ponga en práctica una auténtica política de disminución de las altas tarifas de electricidad.
El problema de las tarifas eléctricas ocasionó el surgimiento del Movimiento de Resistencia Chucho el Roto en la zona central del estado hace 25 años. Su líder Francisco Fernández Morales incluso fue a la cárcel por promover el no pago de unas 20 mil familias de los municipios cercanos a la planta nucleoeléctrica Laguna Verde que siguen resistiendo. Hasta ahora, y a diferencia de Tabasco, las innumerables manifestaciones sociales y la insistente conducta del no pago, no han producido el efecto de reclasificación de tarifas que todos desean.
Pero otro problema que tienen esas familias que deben soportar los climas extremosos, es que la CFE suele reclamar cobros ya liquidados, llegando a hacer injustos cortes de luz. La sociedad veracruzana está bien enterada porque en todos estos años, los medios de comunicación han referido la existencia de recibos de luz de hasta 7 mil pesos en modestas viviendas sin muchos aparatos eléctricos. Y este caso existe en casi todo el territorio estatal y en las zonas costeras o indígenas, inclusive.
Muchos piensan que las pensiones a adultos mayores tienen contentos a todos en esas regiones cálidas y a los propios productores. Pero si esas familias suman los altos cobros de electricidad a los altos costos de insumos para la producción, descubrirán que esa satisfacción bimestral por las pensiones, y esos apoyos anuales a cañeros o a caficultores, se vuelven insignificantes cuando se comparan con los montos requeridos para abonar las tierras y para levantar las cosechas.
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En las zonas rurales de Veracruz y del país hay un clamor por el inusitado incremento de los fertilizantes. Un bulto de abono de 50 kilogramos que en agosto del año pasado costaba alrededor de 500 pesos, en este momento tiene un valor que fluctúa entre mil y mil 115 pesos. Sólo hay que hacer un pequeño cálculo para identificar la erogación por una sola hectárea de terreno que en algunos sembradíos puede requerir tres bultos de este insumo cada dos meses. Si a eso le sumamos el posible bajo precio final de venta que consigue el agricultor, podremos comprender el riesgo y la complejidad de la vida productiva de la gente del campo, que desde las ciudades se observa un tanto bucólica, plácida y relajada.
El programa Sembrando vida está sembrando muchas cosas, aunque no todas buenas, entre ellas la corrupción y la destrucción de los recursos naturales vía deforestación—como insisten investigadores y organizaciones sociales y ambientalistas. Pero habría que preguntarle su opinión sobre todo esto a los verdaderos productores, a los señores y señoras que sí saben del asunto y lo que en realidad les da el campo, porque ellos y ellas lo sufren, lo viven y lo subsidian. Casi todas las veces, con cargo al bienestar de sus propias familias.
