En junio pasado el presidente de la república hizo un inesperado comentario en relación a que no le gustaba un edificio de 24 pisos que se construye cerca del Faro Venustiano Carranza en la Ciudad de Veracruz, a una cuadra de la Macroplaza y del malecón. Se trata de la Torre Centro o Torre Arista 500 y, como señaló el mandatario en su crítica, efectivamente rebasa en altura a los edificios de la zona. Sin embargo, la primera piedra se colocó desde el año 2019.

Gracias a esa expresión presidencial, el gobierno del estado ha realizado acciones para suspender o cancelar la obra que se construye en 14 mil 770 metros cuadrados para dar cabida a áreas comerciales, a 54 departamentos de lujo y a un hotel 5 estrellas. 

A partir del relajado comentario de López Obrador, mucho se ha dicho en torno a ese desarrollo inmobiliario. Que los propietarios son gente cercana a la familia Yunes Linares. Que no se cumplieron adecuadamente los requisitos legales que debe tener una construcción de esa magnitud. Que se afecta el paisaje citadino, que va contra las aves migratorias, además de que los vecinos han sido molestados con escombros, polvo de la construcción y hasta daños estructurales en sus viviendas, aspectos, estos últimos, esgrimidos por el procurador ambiental Sergio Rodríguez, por el área de protección civil o por el titular de medio ambiente del estado.

Hasta ahora la empresa ha ganado dos amparos y ha podido continuar con la construcción que se encuentra en etapa de acabados. Los expertos valuadores han dicho que en la obra negra se invirtieron 80 millones de pesos y que la inversión total será de 270 millones de pesos. Pero lo más importante para la sociedad es que en ese tipo de edificaciones, son cientos de trabajadores los que laboran en sus distintas áreas y que podrían verse perjudicados en caso del cese de obras y procesos constructivos o de acondicionamiento de espacios comerciales o de hospedaje.

Respecto a ese proyecto, los trámites fueron iniciados desde la época del exalcalde Ramón Poo Gil, como también lo fue la autorización del desarrollo inmobiliario Villa del Mar, cuyo proyecto cuenta con plaza comercial, un hotel 4 estrellas y un edificio de 25 pisos, iniciativa ahora relanzada como “Puerto Caoba” por el Fondo Artha Capital, que tiene años de experiencia en desarrollos inmobiliarios en diversas urbes del país.

Los sectores productivos, los integrantes de la sociedad civil y algunos medios de comunicación señalan que las acciones para detener y obstaculizar la obra tienen como ariete a Sergio Rodríguez, quien hace señalamientos de índole técnico y procedimental con referencia a la normatividad respecto a la manifestación de impacto ambiental. A todos extraña que el estado nunca dijo nada cuando está ya en su tercer año de gestión. Tampoco ha dicho nada para promover la remodelación de los 150 inmuebles históricos abandonados que casi se derrumban en el centro histórico y que el INAH tampoco atiende.

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El problema de los aspectos ambientales, en días del cuitlahuismo, es que la normatividad que esgrime el procurador Rodríguez (que no es abogado, pero si adulador servil) se sostiene en reglamento de la época del biólogo Celso Hernández Aponte como máximo funcionario de medio ambiente, oficializados en 2005, que hasta donde se sabe, nunca fueron actualizados por los funcionarios que le siguieron. Y esta anomalía podría generar deficiencias jurídicas que limitarían un proceso legal viable para hacer valer los posicionamientos del Estado en estos momentos.

Por esa razón se comenta que las acciones contra la Torre Arista tienen visos sospechosos y ajenos a temas legales, que pudieran sugerir otro tipo de intereses aviesos. Por ello sería aconsejable que Enrique Nachón, en su carácter de responsable del desarrollo económico en el gabinete, salga de su cómoda burbuja y recomiende actuar con prudencia y ecuanimidad.

Lo que se necesita son inversiones fuertes para mover al estado y, sobre todo, impulsar a los inversionistas que aún confían en las autoridades. Sólo respetando las leyes y los derechos ciudadanos se podrán conservar y crear los empleos que urgen a miles de veracruzanos que no pueden conseguir puestos laborales a causa de la pandemia, de la contracción económica, de la inseguridad pública y de la ineficacia y corrupción de los funcionarios.

No tiene ningún caso obstaculizar desarrollos inmobiliarios cuando estos ya están levantados y en etapas de acabados. Respecto a las ocurrencias, la dictadura en México fue hace más de cien años y ya no son tiempos de la fiesta del chivo en países bananeros, que narrara magistralmente el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. En el caso de la Torre Arista en Veracruz, y parafraseando al ejecutivo federal, lo mejor sería comenzar a rebanar las ambiciones desmedidas.

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