Cuando un ciudadano mexicano investiga de dónde salen los recursos que gastan los gobiernos estatales en México, fácilmente descubre que entre el 85 y el 95 por ciento de esos recursos provienen de una gran bolsa que administra la secretaria de hacienda, la cual se forma principalmente de la suma de los impuestos que pagan todos aquellos que trabajan o que producen o comercializan bienes o servicios en el territorio nacional.
El caso de Veracruz ha sido referido por autoridades, empresarios, políticos, periodistas, académicos y estudiantes. Más del 90 por ciento del presupuesto estatal proviene de los fondos que envía la federación. Por esa razón casi todo el gasto público en el estado es fiscalizado (vigilado y auditado) por las instancias federales y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Por esa razón, cuando los gobernantes federales, estatales o municipales o los funcionarios de los tres órdenes de gobierno caen en irregularidades o delitos, irremediablemente aparecen las dependencias centrales o la ASF a hacer las reclamaciones pertinentes. Si un gobernante o funcionario es sorprendido o descubierto, el asunto es de alcance federal, y si se comprueba el faltante, se le acusa penalmente porque afectó el patrimonio de la nación (hubo daño patrimonial, dicen los fiscalizadores).
Pero en entidades federativas como Veracruz, lejos del centro y gobernadas por personajes de poco reconocimiento social y de escasa responsabilidad y honorabilidad, los funcionarios corruptos proliferan como animales rastreros en las alcantarillas y drenajes. Uno de esos casos recientes se está dando en el congreso veracruzano, donde las máximas autoridades están permitiendo el robo descarado que se hace en varios de las áreas.
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Una de esas áreas donde los responsables hacen y deshacen sin supervisión alguna, o con toda complicidad de algún alto jefe, como podría ser Juan Javier Gómez Cazarín, es la oficina de comunicación social del Congreso del Estado, a cargo de Aldo Valerio, donde los recursos destinados a la difusión de actividades oficiales, se han distribuido en cantidades millonarias entre pequeñas empresas de comunicación, formadas recientemente con pseudo comunicadores en estos dos años de gobierno cuitlahuista, sin la suficiente circulación y evidencia de su existencia entre la sociedad, y sin la credibilidad suficiente que solo se gana en la audiencia diaria de la propia sociedad.
Desde hace algunos meses, este portal y varios medios de comunicación estatales, debidamente acreditados, han señalado la serie de irregularidades que ahí se cometen y que extrañamente no ven ni el gobernador, ni los jerarcas de la legislatura, ni el coordinador de comunicación social del gabinete, ni la contraloría del estado ni el subsecretario de finanzas y administración -el primísimo de Cuitláhuac- que designó a casi todos los administradores en las diversas instancias de los tres poderes del gobierno.
¿Sabrá el presidente López Obrador que aparte de sus esforzados Servidores de la Nación, que entregan los programas sociales, en varias oficinas del gobierno de Veracruz existen ratas y alimañas talla 4T, que engordan desvergonzadamente y en sospechoso contubernio con sus jefes, como es el caso del Congreso del Estado, sitios donde estos hambrientos seres se conducen a sus anchas como afortunados vividores de la nación?
¿O para que lo sepa, será necesario acudir a las instancias que sí puedan detener y remediar estas irregularidades?
