Los discapacitados en Veracruz continúan siendo invisibilizados por la Secretaría de Salud del Estado, así como el resto de las instituciones que, por Ley, deben de coordinarse para crear el Registro Estatal de Información de las Personas con Discapacidad según la Ley estatal en la materia que entró en vigor en 2020.

Esto lo evidenció la jefa de la Oficina del Programa de Gobierno del Estado, Waltraud Martínez Olvera, quien participó en el foro “Modelos Lingüísticos Sordos de Lengua de Señas de Mexicanas” en el Poder Judicial del Estado.

La también investigadora expuso que esta situación provoca que personas con discapacidad auditiva no reciban educación en las escuelas públicas; que no accedan a la educación superior; que tengan empleos precarios y que las instituciones públicas no garanticen la atención adecuada para ellos.

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Además, se limitan sus derechos incluso para situaciones legales ante la falta de intérpretes. Señaló que en cuanto al escenario educativo el 86 por ciento de la población sorda no accede a la escuela, aunque tengan auxiliar auditivo.

“Hay estadística insuficiente, no sólo en Veracruz, también a nivel nacional. No hay la capacidad de poder encontrar en dónde está esta población”.

Reconoció que a la fecha ni siquiera se tiene certeza del número de personas sordas o con discapacidad auditiva en Veracruz, pues el tamiz auditivo que aplica la Secretaría de Salud comenzó a generar registros desde 2017, reportando únicamente 41 personas con este problema hasta la fecha.

“La Ley de la mayor atribución a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación las mayores atribuciones para atender a las personas sordas. La Ley dice que la Secretaría de Salud debe coordinarse con el resto de las instituciones para llevar un registro estatal de las personas con discapacidad (…).

“Este registro tiene áreas de oportunidad porque en realidad sucede al interior de las instituciones, pero no de manera compartida. El día de hoy nuestra Secretaría de Educación no tiene esos datos de dónde están ubicados esos 41 nacimientos, sólo hablando del nacimiento de niñas y niños sordas. A nivel nacional tampoco se identifica a esa persona que requiere de un seguimiento a lo largo de su vida”, refirió.

La Ley para la integración de las personas con discapacidad del estado de Veracruz, en su Artículo 53, establece que corresponde a la Secretaría de Salud y a los Sistemas Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, en el ámbito de sus competencias, implementar los mecanismos para detectar y evaluar la condición de discapacidad.

“(…) a fin de crear el Registro Estatal de Información de las Personas con Discapacidad, para facilitar su acceso a los programas y acciones derivadas de esta Ley”, establece dicho marco legal.

Martínez Olvera destacó que dicha base de datos “sería muy buena” a nivel interinstitucional, pues a la fecha las instituciones veracruzanas trabajan con base en sus propias estadísticas, es decir que no están coordinadas.

Agregó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que en el país hay 183 mil 663 personas con problema auditivo, aunque en instancias gubernamentales estatales y federales solamente se reporta el dato de 2 mil 690 ciudadanos veracruzanos registrados con problemas auditivos.

“Y lo remarco porque esto nos da una idea de cómo nuestra estadística no está siendo suficientemente fina para ubicarlos (a las personas sordas) y por lo tanto para generar política pública (…).

“Ustedes sabrán que dice dije 2 mil 690 y estoy hablando de DIF; SEV; Trabajo; SEDESOL; Secretaría de Bienestar Federal; CRISVER: son 2 mil 690 personas en 6 instituciones con registros diferentes”, mencionó.

Agregó que esta desarticulación también termina en duplicidad de cifras y la invisibilidad de muchos ciudadanos discapacitados que se quedan sin oportunidades.

“Están adquiriendo sus lenguas de señas fuera de las instituciones educativas y ya en la adolescencia o después: Es muy claro que algo en nuestras aulas está sucediendo.

“También hay áreas de oportunidad en cuanto a la atención de las personas, pues el enfoque bilingüe bicultural dice que deberían de estar interactuando entre pares de sordos con un maestro sordo, aunque sabemos que eso es muy complejo”.

Durante su exposición detalló que los resultados son parte de la Agenda Veracruz 2030, que tiene como prioridades el bienestar, la erradicación de la desigualdad y la protección de los derechos humanos sin discriminación. 

Agregó que la investigación tomó año y medio, contando con la participación de 4 instancias, siendo la Oficina del Programa de Gobierno; el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos y la asociación civil Difusión, Inclusión y Educación del Sordo (DIES, A.C.). 

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