La reportera Gabriela Rasgado, del medio Oliva Noticias, fue víctima de actos de intimidación por parte del abogado Arturo Nicolás Baltazar, representante legal del ex fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo
Rasgado realizaba una entrevista afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE), en Xalapa, cuando el abogado comenzó a tomarle fotografías con su teléfono celular.
Al principio, la reportera pensó que se trataba de tomas de interés general, sin embargo, se dio cuenta que el abogado se encontraba fotografiándola a ella al desplazarse del lugar donde estaba.
”¿Así o más?”, lo increpó la reportera. El abogado dijo en tono de burla que “así estaba bien”.
Ante el reclamo, Baltazar respondió que él podía tomar las fotos que quisiera debido a que se encontraban en un espacio público, a pesar de que la reportera le exigió al funcionario que no volviera a tomarle fotos.
Esta no es la primera ocasión que el abogado realiza estos actos de intimidación, la semana previa a esta, la reportera relató a ARTICLE 19 la manera en que Nicolás Baltazar intentó intimidarla tomándoles fotos a ella y a un funcionario con quien fumaba un cigarro a la espera del inicio de una audiencia respecto al caso de Luis Ángel Bravo, en el juzgado de Pacho Viejo.
Los actos de intimidación antes citados se suman a una serie de incidentes que la reportera ha sufrido recientemente en su cobertura de las audiencias de funcionarios de la anterior administración en Veracruz. El pasado 9 de abril ARTICLE 19 documentó y se pronunció debido a que la reportera fue víctima de intimidación e intento de coacción para que borrara fotos y videos por parte de la defensa legal y los familiares de una persona detenida relacionada con un caso de desaparición forzada de personas, durante la cobertura de las audiencias de este caso, defensa en la que también figuraba Nicolás Baltazar.
La falta de garantías para realizar su trabajo sin presiones y el acoso constante al que se ha visto sometida Gabriela Rasgado hace necesario exigir la intervención decidida del Poder Judicial y el Gobierno Estatal de Veracruz a fin de garantizar la libre labor informativa previo, durante y posterior a las audiencias. De dicha intervención depende la salvaguarda del derecho de la reportera agredida a recopilar y difundir información y de la sociedad mexicana a conocer la verdad de lo sucedido.
Asimismo, hacemos un llamado al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que conozcan del caso y hagan lo necesario para proteger a la reportera intimidada. La recurrencia de hechos como los descritos en esta alerta hacen indispensable su actuación.
