Una denuncia del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, podría derivar en procesos penales en contra de altos exfuncionarios del Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y de la Fiscalía, en el periodo de Jorge Winckler Ortiz.

El exfuncionario del gobierno de Javier Duarte acudió a los juzgados del penal de Pacho Viejo, en Coatepec, luego de ser citado por la Fiscalía de Veracruz en calidad de víctima ante sus denuncias con las que busca recuperar cuatro propiedades que le confiscó el pasado gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

Por este caso, cabe destacar, se le imputó una nueva orden de aprehensión al exsecretario de Gobierno yunista, Rogelio “N”, quien es señalado de extorsión y abuso de autoridad, aunque está bajo prisión preventiva por ultrajes a la autoridad.

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Al respecto, el abogado de Bermúdez Zurita, Rodolfo de la Guardia García, confirmó que la denuncia es abierta, es decir, la Fiscalía podría proceder en contra de otros exfuncionarios yunistas y de la Fiscalía en el periodo de Jorge Winckler Ortiz.

Aunque optó por no dar detalles, previamente la defensa de Bermúdez Zurita señaló que se busca recuperar el rancho La Cartuja, en Naolinco, así como un edificio en el Puerto de Veracruz, entre otros.

Debido a que Rogelio “N” se encuentra en el penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes, la audiencia se realizará de forma virtual, pero se espera la asistencia de los abogados del exsecretario de Gobierno.

“Fuimos citados el día de hoy por la Fiscalía para comparecer en calidad de víctimas don Arturo Bermúdez Zurita como motivo de una denuncia que presentó ya hace algunos años”, aclaró el abogado, quien señaló que la denuncia señala actos de tortura, extorsión, de despojo de bienes inmuebles, lo que se pondrá en conocimiento del juez.

El abogado refirió que la Fiscalía General, con la titularidad de Verónica Hernández, actúa de forma profesional, pese a la “atroz guerra mediática” que se hizo en contra de Bermúdez Zurita en el bienio anterior.

“Este es un ejercicio de la acción penal, Arturo Bermúdez en el proceso penal hay tutela de los Derechos de la víctima; será al ministerio público el que determine qué les lo que debe de proceder (respecto a la recuperación de los bienes)”, sostuvo.

Añadió que se presentaron como pruebas informes periciales, protocolos de Estambul, afirmando que señalaron las lesiones que el exfuncionario sufrió al interior del Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, en Coatepec, en donde estuvo con prisión preventiva por el delito de desaparición forzada.

“Otros datos de prueba son testigos que conocieron de los hechos, que quedan bajo reserva”, añadió de la Guardia García.

Mencionó que su cliente desconoce la situación procesal de Rogelio “N”, aunque militantes del PRD acusan que se trata de un preso político, sin embargo aclaró que la carpeta de investigación se había estado integrando desde hace 2 años y medio.

“Evidentemente el ejercicio de la acción penal tiene momentos específicos y lógicos a través de lo que es el proceso penal adversarial, de suerte que yo no podría catalogar si fuera una circunstancia de persecución política”, refirió el abogado.

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