El Poder Judicial del Estado de Veracruz estaría violentando derechos humanos y la posibilidad de acceder a una justicia pronta y expedita con el argumento del riesgo a contagios de COVID-19 que hay en la entidad.

Grupos de abogados, así como despachos, promovieron un amparo en contra del nuevo acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, señalando que se están violando Derechos Humanos, además de que se está vulnerando el derecho a una justicia pronta y expedita.

Concretamente solicitaron la protección de la justicia federal para dejar sin efecto el resolutivo 11/2020, con fecha 28 de mayo de 2020, bajo la circular número 11.

Los demandantes consideran que dicha resolución del Consejo de la Judicatura violenta los derechos humanos amparados en los artículos primero, cuarto, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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En la hipótesis, los inconformes denuncian un agravio a los derechos de acceso a la Justicia pronta y expedita, la inviolabilidad del derecho al debido proceso, el derecho a ser oído y vencido en juicio, el derecho a la independencia, el derecho la protección de la vida y la salud.

La solicitud de amparo señala como autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz; al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia; el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz; el Consejo de Salubridad General; al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz; la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y la Fiscalía General de Estado.

Firman la petición Gabriel Andrés Campoli, del despacho Campoli Abogados; Martín Lozano Sánchez, Saulo Gustavo Jiménez Esquivel, Roberto Pablo Mercado Zamora, Agustín Carpio Pérez, María Estela Mortera Liñan, Nallely Berenice Bravo Raygoza y Evangelina Esquivel Ruiz.

En total se tramitaron 6 amparos por cada juzgado federal del Estado en Tuxpan; Veracruz; Xalapa; Coatzacoalcos; Córdoba y Poza Rica.

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