La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 331 millones de pesos en la Cuenta Pública 2022 del estado de Veracruz, de acuerdo con la tercera entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios son los tópicos en donde se concentran en las observaciones.
El procedimiento de investigación generó mil 762 auditorías dirigidas a los recursos de origen federal, las que se presentaron en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, y arrojaron diversas irregularidades, con un monto por aclarar de estados y municipios de 22 mil 892.1 millones de pesos.
Las observaciones se centran en los incumplimientos de la administración cuitlahuista relativas a la normativa sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, mostradas en el Pliego de Observaciones que ascienden a 124.3 millones de pesos.
En los estados de Veracruz y Oaxaca, gobernados por Morena, es donde se han identificado incumplimientos por 74.4 millones de pesos y concentran ambas entidades el 93.6% del total de observaciones relacionadas con obra pública y servicios afines.
Debe resaltarse que en estas observaciones también el caso de Medellín de Bravo, municipio veracruzano, donde se identificaron pagos improcedentes o en exceso por un monto de 33.8 millones de pesos.
En una revisión específica, la ASF examinó 36 mil 283 millones 308.2 miles de pesos, lo que representa el 76.9% de los recursos asignados al Gobierno mediante las Participaciones Federales.
En este contexto, se detectaron inobservancias de la normativa en aspectos clave como adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, que podrían haber ocasionado un probable daño a la Hacienda Pública por un importe total de 206 millones 394.7 miles de pesos, equivalente al 0.6% de la muestra auditada.
Adicionalmente, la ASF llevó a cabo una revisión de una muestra de 3 mil 696 millones 163.8 mil pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2022.
En este contexto, se identificaron inobservancias de la normativa que podrían haber generado un probable daño a la Hacienda Pública por 29 millones 488.2 miles de pesos, representando el 0.8% de la muestra auditada.
