A 11 años del multihomicidio que estremeció a la opinión pública en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, el clamor de justicia no cede. Organizaciones de la sociedad civil e integrantes del activismo social levantaron la voz para denunciar que el crimen dista de estar resuelto y que los autores intelectuales continúan impunes.
Mediante una postura pública emitida este 31 de julio por la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), se rememoró aquel fatídico 31 de julio de 2015, fecha en que fueron ejecutados el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, además de Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Mile Virginia Martín.
Aunque la justicia local ha dictado sentencia contra tres personas como ejecutores materiales del crimen, los colectivos defensores destacan la existencia de vacíos graves en el proceso penal. Entre las rutas de investigación que la fiscalía capitalina ha dejado congeladas destacan el móvil de persecución política gestado durante la administración del exgobernador veracruzano Javier Duarte, deficiencias en los peritajes de sábanas de llamadas y la pista sobre la posible intervención de más cómplices.
A este rezago se suma el desacato a la Recomendación 04/2017 emitida por los organismos defensores de derechos humanos en la capital del país, la cual sigue sin atenderse de manera integral por las autoridades competentes.
El pronunciamiento enfatiza que Veracruz se mantiene en la lista de las regiones más peligrosas para ejercer el periodismo en México. Las cifras son contundentes: del año 2000 a la fecha se registran 34 periodistas asesinados y siete más en calidad de desaparecidos en la entidad.
La sombra de la agresión contra la libertad de expresión no pertenece solo al pasado. Los recientes asesinatos documentados durante 2026 en suelo veracruzano —Carlos Castro en Poza Rica, Roxana Berenice Guzmán Ramírez en Nanchital y Luis Ángel López Valdés— confirman la vulnerabilidad sistemática del gremio y la ineficacia de las políticas públicas de protección.
Frente a este escenario, las organizaciones civiles exigieron una reestructuración de las garantías para los comunicadores y ratificaron que la memoria de Rubén, Nadia, Yesenia, Alejandra y Mile no quedará sepultada bajo el archivo del olvido institucional.
