Además de la violencia crónica en el país, hay un serio problema de subregistro de delitos: por un lado, porque la ciudadanía no los denuncia, esencialmente por falta de confianza en las instituciones; por otra parte, se acumulan anomalías en delitos como homicidio, feminicidio, trata de personas, extorsión, secuestro, robo a transeúnte con violencia, robo de vehículo con violencia, violencia familiar y narcomenudeo. En los informes “Bajando el switch… un país sin denuncia y con probable manipulación de cifras sobre inseguridad” y “¿Están disminuyendo los homicidios y los secuestros?”, Causa en Común explica los mecanismos que dan cuenta de supuestas disminuciones en algunos delitos en el primer semestre del año, sin descartar ocultamientos directos que resultan en decrementos desproporcionados a la luz de otras mediciones, como las encuestas de victimización. Entre diversos ejemplos, se encuentran:
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Homicidio: En Guanajuato, el conteo de homicidios culposos (muertes accidentales) presenta una fuerte correlación con el de homicidios dolosos desde 2018. Más aún, a partir de 2020, ambos conteos de homicidios (dolosos y culposos) disminuyen al tiempo que los registros en “otros delitos contra la vida” se incrementan.
Feminicidio: Colima reportó una disminución de 100%; sin embargo, Causa en Común documentó en el periodo al menos siete mujeres asesinadas con extrema violencia.
Trata de personas: Jalisco y Tabasco reportaron una víctima en cada entidad.
Secuestro: Quintana Roo y Sinaloa no reportaron este delito. Durango ha reportado un secuestro desde 2020; no obstante, en el primer semestre de 2022 reportó 77 víctimas por otros “delitos que atentan contra la libertad personal”.
Violencia familiar: Chiapas presentó una disminución del 51%.
Robo de vehículo con violencia: Colima y Nayarit no reportaron ningún caso.
Robo a transeúnte con violencia: Colima no reportó ningún caso.
Narcomenudeo: Chihuahua informó de una disminución del 50%.
Para reflexionar sobre las cifras comentadas en ambos informes, Causa en Común organizó un foro con la participación del Dr. Enrique Cárdenas, presidente de la organización Signos Vitales; la Mtra. María Elena Esparza, consejera del Consejo Ciudadano MX; el Lic. Leonel Fernández, director de incidencia en política pública del Observatorio Nacional Ciudadano; y el Lic. José Antonio Polo, director general de Causa en Común.
Enrique Cárdenas mencionó que “la pérdida de información es grave, pues implica intención por esconder cifras, tanto de quien genera la información, como de quien debiera supervisar la fidelidad de los datos.” Aseguró que “este fenómeno no es privativo del tema de la seguridad, sino que se refleja en otros ámbitos de la vida pública como la educación, la salud, el manejo de programas sociales; como país, estamos perdiendo información relevante para conocer el estado de la república y construir políticas públicas adecuadas”.
La maestra María Elena Esparza dijo que “en México hay 65 millones de mujeres, de las cuales 7 de cada 10 han sufrido al menos algún tipo de violencia, y en 8 de cada 10 casos, la persona responsable de ejercer esa violencia es la pareja o expareja, y en menor medida algún familiar. Afirmó que hay una ausencia de perspectiva de género en el registro y la investigación de delitos tan graves como el feminicidio, lo cual impide un acceso real a la justicia para las mujeres”.
Leonel Fernández señaló que “en México hay tres cifras negras, la primera, a pesar de que un hecho se reporte a la policía, este delito no se registra automáticamente, sino hasta que se abre la carpeta de investigación, la segunda es que de cada 10 denuncias que se hacen, solo 6 obtienen una carpeta, y la tercera es la de la manipulación. Agregó que para tener mejores estadísticas se necesita una reforma policial para cambiar el sistema, para tener un panorama más claro de quién registra, cómo se registra y qué registra”.
José Antonio Polo agregó que, “el valor de estos trabajos consiste en evidenciar que cada vez estamos más ciegos sobre la realidad del país. Algunos gobiernos estatales incluso reportan que ya eliminaron delitos. Estas cifras sólo reflejan la negligencia y engaño de las fiscalías y la absoluta nulidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Frente a estos vacíos, es claro que no existe una estrategia de seguridad. Lo que sí hay, es una visión militarista que pretende llevar a las Fuerzas Armadas al margen de su responsabilidad constitucional y a favor de un proyecto político.”
2022.07.26_Informe_un_pais_sin_denuncia
