El aumento sostenido de personas desaparecidas en México contrasta con la debilidad estructural de las instituciones encargadas de su búsqueda, investigación e identificación. De acuerdo con el informe “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre”, elaborado por Causa en Común, el país acumula más de 130 mil casos, mientras que las capacidades del Estado se encuentran rebasadas.
El documento advierte que, pese a la magnitud del problema, sólo existen 3,869 carpetas de investigación abiertas, lo que refleja la insuficiencia operativa de las fiscalías frente a la dimensión de la crisis. A ello se suma la falta de registros oficiales confiables sobre fosas clandestinas, restos exhumados y capacidad forense instalada.
En este contexto, el gobierno federal ha centrado parte de su estrategia en cuestionar las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, sin que se acompañe de medidas concretas para fortalecer a las instituciones responsables. Las modificaciones legales impulsadas en la materia carecen de impacto práctico al no traducirse en mayor presupuesto ni en mejoras operativas.
El informe también señala omisiones relevantes por parte de la Fiscalía General de la República, que no ha cumplido con la elaboración de un Programa Nacional de Exhumaciones ni con la implementación de un Protocolo Homologado de Investigación. Los servicios forenses, dependientes de las fiscalías, operan con déficit de personal y equipo.
A nivel institucional, se documenta la inacción de la Comisión Nacional de Búsqueda, la falta de incidencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la alineación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con posturas gubernamentales, lo que limita su papel como contrapesos.
Ante este vacío, las familias de las víctimas han asumido las labores de búsqueda, frecuentemente en condiciones de riesgo. Desde 2010, al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas y ocho más permanecen desaparecidas.
El escrutinio internacional ha escalado. El Comité contra la Desaparición Forzada advirtió desde 2022 sobre un contexto generalizado de desapariciones forzadas en México, caracterizado por altos niveles de impunidad y debilidades institucionales. El país concentra 819 solicitudes de acción urgente ante este organismo, la cifra más alta a nivel global.
El pasado 2 de abril, dicho Comité concluyó que existen indicios de desapariciones sistemáticas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, y anunció que llevará el caso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Frente a este escenario, Causa en Común plantea la necesidad de fortalecer presupuestalmente a comisiones de búsqueda, fiscalías y servicios forenses; implementar protocolos de investigación y un Programa Nacional de Exhumaciones; así como transparentar los registros oficiales. Estas acciones, señala, deben integrarse en una política nacional de búsqueda con metas verificables y participación directa de las familias.
