Un intenso debate se ha desatado entre docentes y padres de familia en el estado tras el anuncio de la gobernadora Rocío Nahle sobre la preparación de una normativa para restringir el acceso de celulares, tabletas y otros dispositivos electrónicos en escuelas primarias y secundarias. La propuesta, que contempla contadas excepciones, busca frenar las distracciones en el aula, pero ha encontrado opiniones encontradas que amenazan con traducirse en movilizaciones y marchas en las ciudades de Xalapa y Veracruz.
Por un lado, un sector del magisterio y de los tutores respalda la restricción absoluta, argumentando que los teléfonos inteligentes fragmentan la atención, deterioran el rendimiento académico y perturban la convivencia escolar. Sin embargo, otro grupo de maestros y padres rechaza el veto total y apuesta por una regulación con reglas claras. Para este sector, los dispositivos representan herramientas pedagógicas valiosas en grados avanzados y un recurso indispensable para mantener contacto con los estudiantes durante emergencias o en el horario de salida.
Ante este dilema, diversos planteles veracruzanos ya implementan alternativas intermedias, como el resguardo de aparatos en recipientes durante el horario de clases o la autorización de llamadas únicamente en situaciones justificadas. Mientras la administración estatal afina los detalles del decreto, la comunidad escolar exige ser escuchada para evitar que una medida unilateral reemplace la oportunidad de educar en el uso responsable de la tecnología.
