En una decisión crucial para la política energética y ambiental del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que su administración acatará el dictamen emitido por un panel de 54 expertos e investigadoras, descartando de manera definitiva la implementación de proyectos de fracturación hidráulica (fracking) en la cuenca Tampico-Misantla, territorio que abarca una parte estratégica del estado de Veracruz.
La resolución surge tras la entrega del avance de un análisis integral coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), encabezada por Rosaura Ruiz. En dicho estudio participaron dependencias clave como la Secretaría de Energía, Pemex, CFE, Conagua y Semarnat, junto con investigadores de la UNAM y contrapartes internacionales.
Ni social ni ambientalmente viable
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo federal dejó en claro que no se forzará la apertura de yacimientos no convencionales en la entidad veracruzana mediante técnicas invasivas.
“Nos piden prohibir la explotación de gas no convencional en la cuenca Tampico-Misantla (…) porque es social y ambientalmente inviable. Entonces, lo vamos evidentemente a reconocer”, aseveró la mandataria.
El dictamen expone que el veto en Tampico-Misantla —que también incide en zonas de Tamaulipas, Puebla y San Luis Potosí— responde a factores críticos de ocupación territorial: alta densidad demográfica, arraigo de comunidades indígenas, dependencia directa de los recursos hídricos locales y una fragilidad biológica que no tolera el impacto del fracturamiento.
Alternativas sobre la mesa: optimizar lo convencional
Pese al freno al fracking, la comisión técnica sugirió un plan de choque enfocado en reactivar los campos petroleros tradicionales en las cuencas de Burgos, Tampico y Veracruz. Entre las recomendaciones prioritarias destacan:
- Eficiencia y ahorro: Programas de mitigación que podrían reducir la demanda nacional en cerca de 500 millones de pies cúbicos diarios.
- Cero desperdicio: Frenar la quema de gas en plataformas y pozos activos, además de intensificar la extracción convencional para sumar hasta 2,400 millones de pies cúbicos al día.
- Aceleración renovable: Transicionar con mayor velocidad hacia la generación eléctrica limpia.
Sin embargo, los especialistas advierten una realidad ineludible: estas maniobras no garantizan por sí solas la plena soberanía energética.
Actualmente, el país consume cerca de 9,100 millones de pies cúbicos de gas al día —volumen que podría trepar a 10,800 millones para el año 2030—. De este insumo, cerca del 75% es importado desde Estados Unidos, y el 93% de dicho gas importado proviene paradójicamente de yacimientos no convencionales obtenidos por fracking en suelo estadounidense. Además, casi el 60% del suministro nacional se destina a la producción de energía eléctrica.
¿Qué pasará con el resto del norte del país?
Mientras Veracruz queda blindado contra la fracturación hidráulica, el comité técnico sugirió continuar únicamente con estudios de evaluación en las cuencas de Burgos (Tamaulipas) y Sabinas-Burro-Picachos (Coahuila y Nuevo León).
No obstante, las autoridades enfatizaron que esto no equivale a una autorización de explotación. Cualquier análisis futuro en el norte estará sujeto a una condición infranqueable: prohibición absoluta del uso de agua dulce, limitando los eventuales procesos de investigación al empleo exclusivo de aguas salinas para proteger el consumo humano y las actividades agropecuarias regionales.
