El Centro de Conciliación Laboral de Veracruz empezaría a operar en mayo de 2021, meses antes de la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Laboral en la entidad, previsto para octubre del próximo año y pondría punto final a las Juntas de Conciliación y Arbitraje a cargo de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP).

Este jueves el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, presentó ante el pleno del Congreso Local, la iniciativa de Ley que crea dicho órgano desconcertando, ello en atención a la reforma constitucional en materia de justicia laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 24 de febrero de 2017 y a la hecha por la actual Legislatura veracruzana y que fue publicada en la Gaceta Oficial del estado el 4 de febrero de 2020.

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El titular del Ejecutivo destacó en la exposición de motivos que el nuevo Sistema de Justicia Laboral privilegia y hace obligatoria la conciliación salvo en algunas excepciones, por lo que el nuevo ente tiene como objeto ofrecer este servicio para la solución de los asuntos de competencia local, en una instancia previa al juicio ante los tribunales laborales.

El Centro de Conciliación Laboral, cuya sede legal estaría en Xalapa y contaría con las delegaciones que sean necesarias, se encargaría además de capacitar, certificar, autorizar y supervisar a las personas físicas que presten el servicio, conforme a la normativa aplicable.

Su patrimonio se integraría por los bienes muebles e inmuebles que le transfieran los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, por cualquier título; los recursos financieros que se le asignen en los Presupuestos de Egresos del Estado y la Federación para su funcionamiento.

Su administración estaría a cargo de la Junta de Gobierno como su máxima autoridad y presidida por el gobernador y de la Dirección General, cuyo titular sería elegido libremente por el mandatario estatal.

El director general duraría en su puesto cuatro años, sólo podría ser ratificado por un periodo más y no podría tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúe en representación del centro, en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia y de los no remunerados.

Quien aspire a dirigir el centro debería ser veracruzano, y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; tener por lo menos treinta años de edad cumplidos al día de su designación; Tener título y cédula profesional de licenciado en derecho, con una antigüedad de por lo menos cinco años al día de su designación.

Se lee en el planteamiento de Cuitláhuac García Jiménez que la Contraloría General del Estado (CGE) nombraría y removería al titular de su Órgano Interno de Control.

En el transitorio segundo de la iniciativa se estipula que las funciones relativas a la conciliación empezarían a producirse una vez que se dé la declaratoria del Congreso del Estado.

También se da un periodo no mayor a treinta días, contado a partir del día siguiente al inicio de operaciones administrativas del Centro, para que su Junta de Gobierno se instale y un plazo no mayor a noventa días naturales, contado a partir de la instalación de la Junta de Gobierno, para la expedición de su reglamento.

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