Reaparece en el norte de Veracruz el viejo manual del “rescate político-financiero”, ahora impulsado por la gobernadora Rocío Nahle, quien anunció que su administración absorberá los adeudos heredados por la bursatilización municipal contratada desde 2008, durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán y operada financieramente por quien entonces fungía como subsecretario de Administración y Finanzas, Javier Duarte de Ochoa. Un esquema vendido en su momento como modernidad administrativa y que hoy la administración estatal retrata como sinónimo de ayuntamientos quebrados, obras detenidas y alcaldes administrando escombros presupuestales.
Durante una entrevista telefónica, Nahle confirmó que este día sostendrá reuniones con alcaldes del norte del estado para intentar desmontar el laberinto financiero que durante años convirtió a los municipios en rehenes de créditos interminables. La gobernadora habla de “ayuda”, aunque en el fondo el estado vuelve a centralizar lo que durante décadas dispersó irresponsablemente, tratando de corregir un modelo que el propio sistema político incubó, promovió y celebró.
“Liberar” municipios suena políticamente rentable; sin embargo, la palabra también desnuda una realidad que los ayuntamientos nunca fueron verdaderamente libres. La bursatilización, presentada entonces como ingeniería financiera de avanzada, terminó operando como una hipoteca silenciosa sobre el futuro municipal. Los municipios recibieron liquidez inmediata y hoy descubren que la factura incluía intereses políticos, financieros y administrativos prácticamente impagables.
Nahle promete ahora un esquema “rápido y sin intereses” para liquidar los saldos pendientes de los 199 municipios que acompañaron ese esquema. En términos políticos, la administración morenista no solo compra deuda: compra tiempo, control y margen de operación. Al parecer, en Veracruz sigue vigente la consigna popular: “quien rescata también administra la gratitud.”
El anuncio incorpora además la liberación de adeudos con la CONAGUA. Pero, el recurso “liberado” será supervisado, etiquetado y condicionado exclusivamente para obra pública. Es decir, el gobierno estatal no solo rescata; también tutela. La autonomía municipal queda reducida a una figura ornamental mientras el Ejecutivo se convierte simultáneamente en auditor, acreedor y salvador.
Nahle García hace creer a los nuevos ediles que los municipios fueron devastados por decisiones de gobiernos anteriores y que ahora serán rescatados por una nueva administración que promete administrar mejor lo que históricamente terminó convertido en botín político y financiero. En este gobierno morenista se buscan reciclar las deudas como si fueran programas sociales.
La bursatilización fue presentada hace años como símbolo de progreso financiero; hoy se reconoce, aunque sea implícitamente, como una cadena de largo plazo. ‘Ahí está detalle’ – y en los detalles aparece el mal- la administración de Nahle pretende destruir el problema mientras conserva intacta la política del control y el sometimiento.
En Veracruz, la deuda cambia de nombre, pero jamás abandona el poder.
