El Congreso de Veracruz pasará a la historia por inventar un juicio político en contra de una magistrada con el fin de quitarla del cargo.
Al respecto, la magistrada, Sofía Martínez Huerta, asegura estar padeciendo acusaciones de desvíos, denostaciones, amenazas, violaciones al debido proceso y un juicio político “sin pruebas”, orquestado por integrantes del propio Congreso del Estado afines a altos funcionarios del Gobierno de Cuitláhuac García.
Todo comenzó, dijo la togada, desde que fue revocada del cargo de presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura hasta la fecha, un día antes de que los diputados definan avalar o rechazar la denuncia en su contra.
En entrevista reiteró que hace unos meses fue amenazada por el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, para que renunciara a la presidencia del Poder Judicial en Veracruz, ante los conflictos y corrupción que detectó con la construcción de las ciudades judiciales de Veracruz.
Te puede interesar: Académicos de Derecho en UV piden derogar delito de “ultrajes a la autoridad”
Cabe recordar que, tras su deposición, la magistrada denunció que el secretario de Gobierno y funcionarios afines en el Congreso local buscan encubrir las irregularidades que se generaron con la licitación y construcción de las ciudades judiciales que promovió su antecesor, el magistrado en retiro Edel Álvarez Peña.
Concretamente señaló ante la Fiscalía del Estado al presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, así como Humberto Oliverio Hernández Reducindo, quien previo a ocupar el cargo de consejero del Consejo de la Judicatura fue director de Servicios Jurídicos de la actual LXV Legislatura.
Martínez Huerta insiste en que el juicio político es “improcedente totalmente”, sin embargo, la línea es afectarla y quitarla del cargo al no someterse a las órdenes emanadas del secretario de Gobierno, a quien acusa de pedirle su renuncia aunque carece de las facultades para instruir a la titular de un poder autónomo a dejar el cargo.
“Yo sé que sí he sido denostada, me inventaron muchas cosas, inclusive compañeros magistrados dijeron que me llevé no sé cuántos millones de pesos”, lamentó.
Acusó que el Congreso del Estado discutirá el dictamen en sentido positivo emanado de la Comisión Instructora para aplicarle el juicio político, mismo que asegura fue montado por el expresidente de la Mesa Directiva de la Legislatura, Rubén Ríos Uribe.
Cabe recordar que la denuncia en contra de la magistrada fue presentada por el juez José Clemente Zorrilla Rostro, acusándola de usurpación de funciones debido a que, sin la autorización del Consejo de la Judicatura y como entonces presidenta del Poder Judicial, lo relevó del cargo y nombró a Óscar Hernández como su sucesor, asignándolo en los asuntos de los que estaba a cargo.
Para ello presentó oficios del 20 de octubre de 2020, exponiendo que la medida se hizo al margen de la Ley debido a que es el Consejo de la Judicatura quien tiene esa atribución de rotar a los jueces y no el o la presidenta en turno, pero el órgano ni siquiera había sesionado a causa de la pandemia de COVID-19.
El Juez, defendido por la firma Aguirre & Montoya Abogados, llevó al asunto ante el Congreso, denunciando a Martínez Huerta. El recurso pasó por la Comisión de Gobernación, quien encontró elementos para turnarlo a la Comisión Instructora, la cual aprobó que es procedente el juicio político, lo que ahora deberá avalar o desestimar el pleno de los 50 diputados.
Para que pueda proceder la destitución de Martínez Huerta este viernes los diputados deben aprobar el dictamen con mayoría calificada de 34 de los 50 diputados, lo que nunca ha sucedido en Veracruz.
“Confío en que los diputados tienen que reconsiderar todas las actuaciones que se han hecho de una manera en franca violación al debido proceso, sé que si son los creadores del Derecho tienen que revisar bien el expediente y la Ley.
“Verán que lo que yo digo no es mentira, porque no hay pruebas, yo pedí copias del expediente y sé que no hay pruebas; el juez solamente ofreció 2 copias simples de los nombramientos que yo mandé al juez Oscar y ofreció un informe que se lo prepararon, casi de inmediato por decir algo, el entonces presidente Ríos Uribe, en enero se lo mandó a preparar”, dijo la magistrada.
Agregó que a la par de esta acusación sus propias compañeras del Poder Judicial, como Concepción Flores Saviaga, la acusó de haber malversado 60 millones de pesos pasándolos del Tribunal al Consejo de la Judicatura.
“Sí, efectivamente (se movió el dinero), pero fue para pagar, en un momento dado, lo que tenía que pagarse de las Ciudades Judiciales que se fueran recibiendo ya las Ciudades en cada municipio. Ese dinero se pasó del Tribunal al Consejo y hay un acta; ese dinero nunca salió del Tribunal, lo que ella desconoce”, añadió Martínez Huerta.
Consciente de que si el Congreso aprueba el juicio político el caso todavía debe ser sometido a análisis ante los magistrados del Tribunal Superior de Justicia para que proceda su destitución o inhabilitación del cargo, la magistrada asegura que tiene temor, aunque ya no ha sido amenazada en fechas recientes.
“He temido por las amenazas que yo recibí del secretario de Gobierno sí fueron contundentes y sí fui lo que yo declaré en carretera en una en programa de televisión que me contactaron y sí, he estado un poco atemorizada, por qué no decirlo, porque sí me amenazó en directo, pues con mi familia y a mí (…).
“Dijo que si yo no dejaba el cargo tenía que renunciar porque desde que yo había llegado ahí había habido problemas, yo le contesté que no, que los problemas se habían generado desde que llegó el consejero que mandaron (Hernández Reducindo).
Martínez Huerta insistió en que Cisneros Burgos le pidió dimitir, sin embargo, rechazó dicha exigencia puesto que no tiene las facultades para pedir una renuncia al titular del Poder Judicial.
En ese sentido, aseguró que como presidenta antes de ser revocada el 23 de octubre de 2020, ella siempre trabajó en coordinación con el Gobierno de Cuitláhuac García, pero nunca fue sumisa, como en su opinión lo es la actual presidenta, Isabel Inés Romero Cruz.
“Nosotros siempre trabajamos en coordinación, nunca fui sumisa como ahora lo ha declarado la presidenta, que recibe órdenes, que totalmente está declarando la sumisión al Poder Ejecutivo y los otros Poderes, pero yo siempre trabajé en coordinación”.
Finalmente reiteró que a la fecha no ha recibido amenazas y por esta razón su teléfono es el mismo, apuntando que desde que fue depuesta y denunciada por usurpación de funciones no ha hablado con el Gobernador, Cuitláhuac García.
Criticó que que existen irregularidades en el proceso de juicio político, pues pasó por comisiones sin que la integrante de la Comisión de Gobernación, María Josefina Gamboa, haya recibido el expediente, lo que la motivó a presentar un juicio de protección de sus Derechos político electorales.
“Yo los respeto a todos los diputados con su investidura que tienen, hombres y mujeres los considero seres pensantes, por eso están ahí, con o sin profesión, pero están ahí, entonces tienen asesores y considero que si su misión, su actividad principal, en su trabajo, es la creación del Derecho y otras más que tienen obviamente, pero básicamente es legislar, modificar, derogar, abrogar, dar a la vida jurídica nuevas leyes, entonces considero que tienen la experiencia como para que revisen el expediente concienzudamente y se darán cuenta de que lo que digo no es mentira”.
