En la sesión de este jueves se aprobó un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política en el que se instruye al Órgano, a cargo de Dela González Cobos, a realizar la revisión.
Lo anterior por el evidente incumplimiento en las cláusulas del contrato otorgado para administrar el servicio de agua potable en los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo.
A petición de la diputada local, Margarita Corro Mendoza, la Junta de Coordinación Política presentó el proyecto de punto de acuerdo siendo avalado por la mayoría del pleno en sesión de este jueves.
Además, se presentó un exhorto a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente a que ejerza sus funciones de supervisión y vigilancia respecto a la calidad del servicio de agua potable y tratamiento de las aguas residuales que presta a dichos municipios la empresa.
Por su parte, la diputada de la fracción mixta “Acción Nacional”, Judith Pineda Andrade, pidió que la revisión no tenga un sesgo político, toda vez que involucra al municipio de Veracruz, administrado por el panista Fernando Yunes Márquez.
Recordó que el presidente municipal heredó la concesión y el tema se aprobó en el 63 legislatura.
“Solo quisiera recordar que este servicio concesionado se otorgó en la época de Duarte y lo votó la 63 legislatura, con esta aclaración quiero comentar que en el fondo, espero que no haya un sesgo político, aclarando que el ayuntamiento de Veracruz no es responsable de la operación de ésta organismo”.
La concesión se aprobó por un periodo de 30 años y el arrendamiento de toda la infraestructura hidráulica en el entendido de que la participación privada estaba obligada a mejorar de manera eficiente y eficaz la prestación de todos los servicios.
Además, la empresa debía prever las necesidades de crecimiento y los proyectos de inversión para brindar un servicio digno a las familias veracruzanas con agua potable a toda la población y un servicio de saneamiento integral que cuidara el entorno ecológico como las playas, sistemas lagunares y mantos acuíferos.
Lo anterior, elevando la calidad de vida de los usuarios garantizándoles sus derechos humanos a tener agua potable y un medio ambiente sano, objetivos que estaban definidos en las cláusulas del contrato de concesión.
