El Congreso de Veracruz decidió posponer cualquier reforma a la ley estatal en materia de revocación de mandato, bajo el argumento de esperar primero la definición del marco federal, una postura que en los hechos implica “pelotear” la responsabilidad legislativa y blindar a la gobernadora Rocío Nahle frente a un mecanismo de evaluación ciudadana, en medio de crecientes cuestionamientos a su gestión.
La presidenta del Congreso local, Naomi Santos, afirmó que no se impulsarán adecuaciones legales hasta conocer cómo quedará establecida la revocación de mandato a nivel federal, con el objetivo -dijo- de mantener congruencia jurídica entre ambos ámbitos.
Sin embargo, esta decisión mantiene congelado un instrumento de participación ciudadana clave y prolonga un vacío normativo que favorece al Ejecutivo estatal, evitando cualquier intento de revisión anticipada del desempeño de la gobernadora, cuya administración ha sido señalada por deficiencias en seguridad, salud y obra pública.
En otro tema, la legisladora informó que el Congreso podría sesionar el próximo 30 de diciembre para designar un Concejo Municipal en Jáltipan, siempre y cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirme la resolución del Tribunal Electoral de Veracruz, que anuló la elección municipal y ordenó su reposición.
Santos precisó que la eventual sesión dependerá del fallo federal, ya que solo con la validación de la resolución electoral se podrá proceder conforme a la ley.
De esa manera, el Congreso de Veracruz opta por mantenerse a la espera de las decisiones federales, tanto en la definición de la revocación de mandato como en el caso electoral de Jáltipan, una postura que refuerza la percepción de un Poder Legislativo pasivo, más enfocado en proteger al Ejecutivo que en ejercer plenamente sus atribuciones constitucionales.
