La defensa de la magistrada y expresidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Sofía Martínez Huerta, afirma que “los dados están cargados” para su destitución.
Por esta razón acusaron que el proceso se trató de una “crónica de un juicio político anunciado”.
Explicaron que la togada no acudió a la sesión extraordinaria del pleno justificando problemas de Salud, pero están conscientes de que se trata de una merma formalidad o trámite para iniciar con el proceso de su destitución del cargo.
Incluso diputados integrantes de la comisión Instructora, responsables de emitir el Dictamen en sentido positivo, como Jessica Ramírez Cisneros, afirmaron que es un hecho que existe la mayoría calificada para avalar el procedimiento, previo a la votación.
Te puede interesar: Promete AMLO subsidio a empresas asentadas en Corredor Interoceánico y apura construcción de parques industriales
Al respecto el abogado, Tomás Mundo, aseguró que el Congreso del Estado está violentado el proceso en contra de los Derechos de Martínez Huerta.
Agregó que se espera que ocurra lo mismo con el Poder Judicial, presidido por Isabel Inés Romero Cruz, quien reconoció que ha acatado instrucciones del Gobierno del Estado ante medios de comunicación.
“Se ha manifestado, todos los procesos los ha violentado el Congreso para cumplir las instrucciones que se dan desde el Palacio de Gobierno”, criticó Tomás Mundo anunciando que continuarán la lucha en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, instancia que definirá si Sofía Martínez es destituida o inhabilitada.
Por su parte el abogado, Víctor Alfonso Loyo Olivares, afirmó que el juicio político se está llevando a cabo por la corrupción que detectó Sofía Martínez en la licitación y construcción de las ciudades judiciales, proyectos que comenzaron con su antecesor, Edel Álvarez Peña.
Mencionó que en 2018 el Observatorio y Contraloría Ciudadana presentó una denuncia de juicio político contra Álvarez Peña por este tema, misma que no procedió, aunque se aportaron cerca de 5 mil pruebas que acreditaban “ilicitudes”; en cambio, con sólo 2 oficios de prueba los diputados están procediendo contra Martínez Huerta.
“Todo nació porque ella intentó proceder (contra corrupción por ciudades judiciales), a su llegada realizó una auditoría porque le parecía extraño el pago que tenía que realizar y cuando informó al Consejo de la Judicatura comenzó toda esta guerra.
“Nos han dicho que los dados están cargados, pero confiamos en que los Diputados puedan razonar su voto. En caso contrario todavía queda el Tribunal y los magistrados deben de demostrar en manos de quién está la justicia en Veracruz”, añadió.
Cabe recordar que la denuncia que se vota este viernes en contra de la magistrada fue presentada por el juez José Clemente Zorrilla Rostro, acusándola de usurpación de funciones debido a que, sin la autorización del Consejo de la Judicatura y como entonces presidenta del Poder Judicial, lo relevó del cargo y nombró a Óscar Hernández como su sucesor.
Para ello presentó oficios del 20 de octubre de 2020, exponiendo que la medida se hizo al margen de la Ley debido a que es el Consejo de la Judicatura quien tiene la atribución de rotar a los jueces y no él o la presidenta en turno, pero el órgano ni siquiera había sesionado a causa de la pandemia de COVID-19.
El Juez, defendido por la firma Aguirre & Montoya Abogados, llevó al asunto ante el Congreso, denunciando a Martínez Huerta. El recurso pasó por la Comisión de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales, la cual encontró elementos para turnarlo a la Comisión Instructora.
Este órgano legislativo aprobó que es procedente el juicio político, lo que ahora deberá avalar o desestimar el pleno de los 50 diputados.
Para que pueda proceder la destitución de Martínez Huerta este viernes los diputados deben aprobar el dictamen con mayoría calificada de 34 de los 50 diputados, lo que nunca ha sucedido en Veracruz.
Si el Congreso aprueba el juicio político el caso todavía debe ser sometido a análisis ante los magistrados del Tribunal Superior de Justicia para que proceda su destitución o inhabilitación del cargo.
En caso de que el Congreso vote a favor, el dictamen se manda al pleno del Tribunal Superior, cuyos magistrados lo enviarán a la Sala Constitucional.
La Sala notifica a la denunciada para que formule alegatos a su favor y a la Comisión instructora para que ratifique la acusación; una vez lo anterior, la Sala Constitucional hace un proyecto de resolución donde puede confirmar lo dicho por la instructora o modificarlo.
La Sala Constitucional manda el proyecto al pleno del Tribunal Superior y en una Sesión solemne los magistrados votarán si lo aprueban y confirman la responsabilidad de la magistrada. La sanción puede ser destitución e inhabilitación de hasta diez años para ejercer cargos públicos.
