Federaciones, asociaciones y colegios médicos del país emitieron un pronunciamiento donde señalaron que considerar inconstitucional el derecho a la objeción de conciencia en materia de salud, es desproporcionado y erróneo ya que el Estado omite su responsabilidad de garantizar al médico como componente esencial de la sociedad, el derecho humano a la protección de su salud mental y emocional impidiendo el disfrute más alto posible de salud física y sobre todo mental.
Afirmaron que es su derecho el exigir respeto por parte de las autoridades, a la autonomía profesional en la toma de decisiones, garantía absoluta en el ejercicio de la libertad, la razón y la conciencia a fin de que los derechos humanos de todas las partes involucradas están protegidos.
Por ello, manifestaron el rechazo frente a las resoluciones legislativas y sus acciones consecuentes que en lo sucesivo pudieran violar nuestros derechos humanos en el ejercicio profesional.
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Exponen que, para los profesionales de la salud, la libertad prescriptiva con bases científicas y el apego a los códigos éticos que rigen las buenas prácticas deberá ser siempre un derecho absoluto e ilimitado en su ejercicio.
“En este sentido, la objeción de conciencia puede requerirse cuando existe una discordancia entre los principios científicos, jurídicos y éticos para realizar procedimientos y actividades profesionales, que les permitiría excusarse de practicar directamente o participar en cualquier programa, actividad, tratamiento o investigación que contravenga sus convicciones personales, principios, valores o sus creencias religiosas”.
Por lo anterior, exponen que una negativa del médico por los motivos señalados frente a un mandato de autoridad es una acción legítima frente a cuestiones graves y fundamentales, ya que defiende su dignidad y su libertad siempre y cuando las razones aducidas sean serias, sinceras, fundamentadas y no pongan en riesgo la vida o la integridad de las personas.
Subrayan que el Estado debe garantizar a los médicos como personas que son, la protección de sus derechos fundamentales, de manera análoga a la protección de los derechos que por motivo de género, orientación o preferencia sexual merecen los pacientes.
“Hoy el gremio médico, se ha convertido en un grupo vulnerable al pretenderse mediante criterios unilaterales restringir su libertad y su capacidad de decisión autónoma, al intentar desaparecer su derecho a la objeción de conciencia, sólo por presiones o exigencias sociales, toda vez que se ignoran otras opciones adecuadas para resolver estas discrepancias, mediante la adopción de otras opciones adecuadas, viables y convincentes para el ejercicio de los derechos fundamentales de ambas partes”.
Remarcan que la objeción de conciencia como derecho fundamental en el ejercicio de la medicina está sustentado en el derecho internacional, específicamente por la Declaración Universal de los derechos Humanos, adoptada en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas en los artículos 2º, 7º, 18º y 22º; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado el 16 de diciembre de 1966, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que entró en vigor en 1976, del cual es parte el Estado Mexicano.
Además en la Ley General de Salud en su artículo 1º bis, que garantiza la objeción de conciencia, de igual manera el artículo 24 constitucional señala que “Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado.
