Al comparecer ante el Congreso local, el contralor general del Estado, Ramón Figuerola Piñera dio a conocer que se han presentado un total de 150 denuncias por un monto de 48 mil millones de pesos.
También se han iniciado 499 procedimientos administrativos en contra de 315 servidores públicos por su presunta responsabilidad en diversas irregularidades. En todo momento ha evitado señalar al ex contralor Ricardo García Guzmán como uno de los responsables del desvío de recursos.
El funcionario estatal señaló que durante el gobierno pasado hubo actos de corrupción, complicidades, omisiones e incapacidades de una gran universo de servidores públicos, y estimó que el número seguirá creciendo en lo que resta del año y en el siguiente.
A eso se suman las 65 que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por más de 22 mil 548 millones de pesos, de 2007 a 2017; adicionalmente, las 29 que ha interpuesto el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), correspondientes a las cuentas públicas 2012-2016 por un importe de 24 mil 378, que previó se incrementen como consecuencia de la revisión a la cuenta pública 2016.
Destacó que al 15 de octubre “a fin de esclarecer actos de corrupción y combatir la impunidad”, se han abierto 625 investigaciones en la instalación de nuevos procedimientos administrativos; como consecuencia de ello, dijo, se han instaurado 499 procedimientos administrativos en los cuales están implicados 315 servidores públicos, como presuntos responsables.
Explicó que un procedimiento administrativo inicia con la identificación de la presunta conducta irregular del servidor público, derivado ya sea de auditorías o de quejas y denuncias, llevándose a cabo una investigación después de la cual tras advertirse nuevamente la responsabilidad se turna al área correspondiente para la sustanciación del procedimiento en el que se escuchará al servidor público para recibir sus pruebas y se resolverá.
Hasta el momento, agregó, se han impugnado 145 resoluciones; durante todo el proceso, indicó, se deberá mantener la secrecía hasta en tanto no se llegue a una resolución en firme.
