En conferencia de prensa, integrantes de la Coalición de Pensionados Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV) acusaron que, a casi 6 años de haber sufrido una fuerte agresión por parte de los cuerpos policiacos del estado, cuando protestaban en la vía pública por el incumplimiento reiterado en el pago de sus pensiones, siguen en espera de la procuración de justicia.
La presidenta de la coalición Dolores Martínez Amilpa dijo que están en espera de que el juez de control les cite para reactivar su caso pues, aunque se les ofreció una disculpa pública, los responsables de la agresión siguen impunes.
Asimismo, remarcó que desde agosto de 2016 interpusieron otra demanda, ahora con motivo del quebranto al patrimonio del IPE, considerado como el saqueo a la Reserva Técnica del Instituto, que por omisión o acción se puede adjudicar al Consejo Directivo del IPE y de otros terceros que resulten responsables.
“Hasta el momento no tenemos una resolución de impartición de justicia por lo que estamos aquí denunciando lo que ha pasado con el saqueo que nosotros hemos señalado a la reserva técnica del IPE”, dijo.
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Denunció el daño “mayúsculo” que se le ha hecho a la reserva técnica del Instituto de Pensiones del Estado además de los malos manejos que se le ha hecho en todo el patrimonio.
Refirió que se deben fincar responsabilidades como lo ha señalado el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y el propio IPE.
“De esta reserva técnica Sefiplan ha comunicado que en esta administración creció 38 por ciento y eso es cierto, pero nosotros tenemos memoria y si recurrimos a cómo estaba la reserva técnica en 2010, tenía más de 2 mil 800 millones de pesos y actualmente tiene un poco más de 1 mil 600 millones de pesos, lo que quiere decir que para que la reserva técnica alcance el monto que tenía hace más de 11 años, necesita crecer todavía un 43 por ciento”.
Recordó que el ORFIS interpuso por un presunto daño patrimonial al IPE en la cuenta 2015 dos denuncias que suman cerca de 2 mil 900 millones de pesos.
Además, demandó al IPE en 2016 y 2017, por observaciones no solventadas de la cuenta pública por 284 millones de pesos y por 2 mil 709 millones de pesos
