Un boquete financiero de cientos de millones de pesos, cuentas bancarias ocultas y la sombra del lavado de dinero mantienen bajo la lupa a la pasada administración de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).

Miguel Santiago Reyes Hernández, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), reveló que la fundación que anteriormente manejaba las riendas financieras de la universidad operaba mediante un esquema presuntamente fraudulento para dispersar los pagos a docentes y directores de carrera, utilizando recursos de origen altamente sospechoso.

El hallazgo: 280 millones de pesos “invisibles”

“La falta de trazabilidad en el flujo del efectivo y el uso de capitales de procedencia no identificada son el eje central de las indagatorias”, señaló Reyes Hernández.

De acuerdo con el responsable de las finanzas estatales, las auditorías aplicadas a la institución educativa sacaron a la luz la existencia de cuentas bancarias que albergaban cerca de 280 millones de pesos. Lo alarmante del hallazgo es que, mientras estos fondos permanecían ocultos, los administradores de la polémica fundación aseguraban a la comunidad universitaria que las arcas estaban vacías y que no había solvencia para cubrir la nómina de los académicos.

El secretario fue enfático al precisar que el delito de lavado de dinero no está ligado exclusivamente a la delincuencia organizada, sino que también se configura a través de graves actos de corrupción en el servicio público.

Limpieza institucional y aumento salarial

Tras la intervención directa del Gobierno del Estado, la estructura administrativa de la UPAV sufrió un timonel radical:

  • Fin de la intermediación: Se eliminó por completo el uso de fundaciones privadas para la dispersión de fondos.
  • Trato directo: Los recursos ahora son captados y administrados sin terceros de por medio.
  • Justicia laboral: Se regularizó la situación contractual del personal, logrando un incremento del 40% en el salario promedio de docentes y directores.

Respecto a las recientes movilizaciones y protestas en Xalapa y Córdoba, el titular de Sefiplan descartó que existan impagos generalizados. Afirmó que estas manifestaciones son impulsadas por actores directamente vinculados al viejo régimen que busca desestabilizar la transición financiera.

Tres exfuncionarios en prisión y un daño de 557 MDP

El caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE). Al momento, tres ex directivos de la UPAV permanecen bajo prisión preventiva enfrentando cargos por:

  • Peculado
  • Abuso de autoridad
  • Tráfico de influencias
  • Incumplimiento de un deber legal
  • Ejercicio indebido del servicio público

Las pesquisas apuntan a un presunto daño patrimonial que asciende a los 557 millones de pesos, dinero que corresponde mayoritariamente al cobro de cuotas escolares de miles de alumnos veracruzanos que jamás fueron reportadas ni comprobaron su ingreso formal a la contabilidad del estado.

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