Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, ha vuelto a mentir sobre el caso de Angélica Sánchez al asegurar que la jueza ‘invento un amparo’ para liberar a Itiel ‘N’, un supuesto delincuente conocido como ‘El Compa Playa’.
Y es que en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, integrado por los magistrados federales María Elena Leguízamo Ferrer, José Saturnino Suero Alva, y Antonio Soto Martínez, se tramitó el amparo en revisión 92/2023 resuelto el pasado 23 de mayo de forma unánime.
En esa resolución se concedió a favor de Itiel ‘N’ alias “El Compa Playa”, señalado públicamente de ser el presunto responsable del asesinato de Juan Carlos Molina, al considerar que había irregularidades en el primer auto de vinculación a proceso, entre otras anomalías.
Los magistrados también corroboraron que no fueron estudiados correctamente otros argumentos expuestos por la defensa y diversos peritajes.
Alguna de las anomalías son que la fiscalía de Veracruz buscaba sostener su acusación contra “El Compla Playa” utilizando como prueba un testimonio de un supuesto testigo colaborador cuya declaración no está firmada, cuyas iniciales no coinciden, y la cual no puede ser ratificada porque tanto él como el policía que las recabó están muertos.
Otras irregularidades del Caso Angélica Sánchez
Cabe mencionar que en la audiencia del miércoles pasado la fiscalía de Veracruz le imputó dos delitos a Angélica Sánchez, uno de ellos denominado delito contra la fe pública. Dicho ilícito, de acuerdo con el Código Penal del Estado, solo lo pueden cometer los fedatarios públicos, pero no los jueces. Pese a ello, el juez a cargo determinó vincularla a proceso.
El caso de la Jueza Angélica Sánchez ha estado envuelto en declaraciones falsas, violaciones a los procesos y opacidad. Muchos de esos absurdos podrían ser atribuibles al gobernador de Veracruz Cuitláhuac García quien, públicamente, ha criminalizado a la jueza aun cuando el caso, supuestamente, recae en instancias que no deberían estar subordinadas al Poder Ejecutivo.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el Instituto Federal de la Defensoría Pública y diversas organizaciones civiles han alertado de la creciente cadena de anomalías en este caso, lo que podría considerarse como una abierta persecución y represalia por una decisión que la jueza tomó con autonomía de jurisdicción.
