Mientras Rocío Nahle presume ‘disciplina presupuestaria’, en los hechos el gobierno de Veracruz parece haber optado por una versión “premium” de la austeridad. Durante 2025, la administración estatal ejecutó una silenciosa pero costosa renovación vehicular: 38 unidades adquiridas, todas mediante adjudicación directa, con un gasto que rebasa los 30 millones de pesos.
Un trabajo de investigación de La Silla Rota Veracruz, firmado por la periodista Isabel Ortega, documenta ocho contratos sin licitación; cinco de ellos concentrados en empresas vinculadas a Elías Martín Diez Francos -hermano del exalcalde priista de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos- que acapararon más de 28 millones de pesos. En este esquema, la competencia automotriz quedó reducida a un adorno administrativo.
La Ley de Austeridad Republicana señala que el tope para vehículos oficiales ronda los 430 mil pesos. En Veracruz, sin embargo, la norma parece interpretarse como sugerencia. La pieza emblemática del exceso es una Suburban High Country que supera el millón 800 mil pesos, es decir, más de cuatro veces el límite legal. Austeridad, pero con interiores de lujo.
El patrón se repite contrato tras contrato. En enero, ocho camionetas -Honda Pilot y CR-V- fueron adquiridas por 7.8 millones de pesos, todas bajo el cómodo argumento de adjudicación directa “por excepción”. La excepción terminó por convertirse en regla. Después siguieron cinco Grand Cherokee por casi 7 millones; seis Mitsubishi por más de 4.6 millones; y un paquete adicional con dos Suburban y cinco Trax que superó los 6 millones. Sin licitación, sin competencia, sin contrapesos.
El argumento técnico no cambia. La Subdirección de Servicios Generales solicita, el Subcomité valida y la compra se concreta. Un circuito cerrado donde nadie objeta, todos firman y la legalidad se pisotea en la práctica administrativa.
Hacia el cierre del año, el ritmo no se desaceleró. Ocho unidades Toyota por 2.6 millones, otra Trax sin descuento, una RAM 4000 por más de un millón y, finalmente, una Hilux 2026. Compras fragmentadas, pero constantes. El ‘goteo’, como siempre, termina en millones.
El problema no es únicamente el monto, sino la incongruencia de la gobernadora morenista Rocío Nahle, quien machacaconamente habla de ‘austeridad republicana’. La legislación estatal especifica la adquisición de vehículos económicos y de bajo impacto ambiental, la realidad exhibe unidades de alta gama, costos elevados y opacidad en la selección de proveedores.
La investigación señala que la Secretaría de Finanzas fue consultada sobre los criterios de compra. No hubo respuesta. Silencio institucional; sin explicación, sin justificación. Una constante cuando se trata de esclarecer decisiones que rozan la irregularidad.
Lo que queda es un contraste imposible de disimular; austeridad en el discurso, opulencia en los hechos. En el gobierno estatal bajo el control de Rocío Nahle —donde nada se mueve sin la venia de la mandataria—, la primera opera como narrativa para las bases; la segunda, como práctica cotidiana para su círculo cercano.
En Veracruz, la gestión pública ya no se mide por resultados para la población, sino por el catálogo de privilegios que orbitan alrededor del poder.
