La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, suma una nueva y severa complicación a su administración. A los señalamientos de inseguridad, opacidad patrimonial y tensiones políticas, se añade un frente financiero internacional de alto riesgo: instituciones bancarias de capital estadounidense han comenzado a cerrar o exigir la cancelación de cuentas asociadas a la mandataria estatal y a su entorno familiar más cercano.
De acuerdo con información difundida por el periodista Mario Maldonado en su columna publicada el día de hoy en El Universal, los procesos de revisión financiera no se limitan al territorio norteamericano. Filiales de bancos de capital estadounidense con operaciones en México exigieron recientemente a la gobernadora y a personajes de su círculo directo dar por terminada la relación bancaria y retirar sus fondos.
Esta decisión responde a políticas estrictas de prevención de lavado de dinero y controles reforzados que el sistema financiero de Estados Unidos aplica sobre Personas Políticamente Expuestas (PEP). En estos procedimientos, los bancos evalúan factores de riesgo como el origen de los fondos, vinculaciones familiares, asociaciones de negocios y la exposición a probables actos de corrupción. En diversos casos, la terminación de la relación se concretó con la entrega de cheques de caja, lo que obliga a los titulares a someterse a nuevos filtros de cumplimiento ante otras entidades financieras.
De Dos Bocas al gobierno estatal
Las sospechas que rodean a la titular del Ejecutivo veracruzano provienen de su gestión al frente de la Secretaría de Energía, periodo en el que coordinó la construcción de la refinería de Dos Bocas. El proyecto duplicó su costo inicial proyectado de 8 mil millones de dólares a más de 20 mil millones, al tiempo que generó una red de proveedores y contratistas bajo escrutinio periodístico por presunto tráfico de influencias, corrupción e investigaciones relacionadas con el tráfico ilegal de hidrocarburos.
El crecimiento financiero de la familia Nahle, la participación de su esposo José Luis Peña Peña con empresarios beneficiados en la refinería y la estructura de proveedores durante la campaña de 2024 forman parte de los antecedentes documentados. Varios de estos actores y empresas se integraron posteriormente a la administración pública estatal o recibieron contratos gubernamentales en Veracruz.
Asimismo, continúan vigentes las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y el patrimonio inmobiliario adjudicado a la mandataria y a sus allegados. Aunque Nahle sostiene que sus bienes están declarados en orden, los señalamientos persisten.
Restricciones migratorias y antecedentes en la 4T
Fuentes del gobierno estadounidense señalan que la gobernadora y su círculo enfrentan revisiones de autoridades norteamericanas y posibles restricciones de viaje. Ante cuestionamientos sobre la vigencia de su visa, la mandataria declaró recientemente que poseía el documento, minimizando una eventual cancelación bajo el argumento de que “Veracruz lo tiene todo” y no requiere viajar fuera. Sin embargo, su postura contrasta con la residencia prolongada de su hija en Nueva York y los señalamientos en 2024 por un departamento cercano a Central Park.
El patrón de fiscalización sobre figuras de la Cuarta Transformación se alinea con antecedentes recientes como la revocación de visados a Andrés Manuel López Beltrán y a Adán Augusto López, investigados por vínculos con contratistas y expedientes del estado de Tabasco.
Crisis de seguridad y agresiones a la prensa
A la presión financiera sobre Nahle se suma el deterioro social en Veracruz. Recientemente se reportó el hallazgo de dos cuerpos en el estado, sumando más de 36 feminicidios registrados en lo que va de 2026. Paralelamente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló a Veracruz como la entidad más letal para el periodismo en México, registrando en 2026 los homicidios de Carlos Castro, Roxana Guzmán y Luis Ángel López Valdez.
Mientras las indagatorias migratorias o penales pueden llevar meses en los tribunales estadounidenses, el blindaje de las instituciones bancarias opera con inmediatez, convirtiendo al cerco financiero en la amenaza más directa e inminente para la gobernadora.
