La estrategia de exaspirantes al cargo de Fiscal General para anular el proceso de selección de Verónica Hernández Giadáns por la vía del amparo sigue sin dar resultados.
El juez Décimo Séptimo de Distrito en el Estado desechó un amparo promovido por el abogado penalista, Tomás Mundo Arriasa, en contra del proceso para designar a la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns.
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El abogado impugnó el acuerdo de fecha 25 de marzo de 2020, emitido por la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura, en el que se establecieron las bases para designar al nuevo fiscal del Estado.
Hay que recordar que los diputados aplicaron la remoción definitiva a Jorge Winckler Ortiz y después, tras un periodo como encargada de despacho, designó formalmente a Hernández Giadáns en el cargo.
El abogado señaló que se incumplió con el artículo 498 fracción II del Reglamento de la ley Orgánica de la Fiscalía General y la JUCOPO se otorgó la facultad de emitir la convocatoria para el proceso de selección contraviniendo el artículo 67 de la Constitución local.
El reglamento determina que en las ausencias temporales el fiscal general puede designar a un encargado que lo supla en ausencias no mayores de treinta días naturales; además, en caso de que la Fiscalía quede vacante por cualquier circunstancia en tanto se sustancia el procedimiento establecido por la Constitución quedará a cargo, de manera provisional, la Servidora Pública o el Servidor Público que en orden de prelación se encuentre en la Ley Orgánica.
En cuanto a la Constitución se impugnó la forma en que se desarrolló el procedimiento para la remoción y designación del titular del organismo por parte del Congreso.
Antes de recurrir a este recurso, Mundo Arriasa dijo que su intención era reponer el procedimiento de selección, pero que ya no participaría en un nuevo proceso de conseguirlo. Tras el desechamiento de su amparo por parte del juez federal aún podría impugnar el fallo inicial.
El penalista no es el único exaspirante en tratar de ampararse contra el proceso de designación de la actual fiscal de Veracruz. En julio pasado Ángel Rodríguez Bernal también señaló irregularidades de la Junta de Coordinación Política en el proceso.
Sin embargo, el juez federal ante el que interpuso el recurso determinó que los amparos no proceden en las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes.
En su resolución el juez añadió que la Constitución de Veracruz le confiere al Congreso la facultad de resolver soberana o discrecionalmente en estos asuntos.
