El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables en el Congreso local, Gregorio Murillo Uscanga, negó que se hayan violado los derechos de los empresarios en el desalojo que sufrieron a manos de personal del IPAX, cuando se manifestaron en Palacio de Gobierno.

En entrevista, dijo que en este caso no hay elementos para determinar si hubo violaciones o no de sus derechos de una persona.

Explicó que solo pueden exigir el respeto de los derechos humanos, ya que existen otros espacios encargados de investigar si hubo o no una violación de los mismos.

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Indicó que el Congreso únicamente puede realizar un exhorto por la violacion de derechos si existe una queja formal sobre alguna situación.

“No podemos nosotros estar reaccionando ante cualquier situación en la que se presume que hay violacion de derechos humanos, porque nosotros no somos ejecutivos, ni somos un ente que determina en donde se violentan”.

Por ello, recomendó a aquellos empresarios que sientan agraviados a seguir el camino institucional e interponer una queja directa en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

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