El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, enfrenta un nuevo golpe judicial. Fue vinculado a proceso por el delito de peculado, señalado por autorizar el desvío de alrededor de cinco millones de pesos provenientes de recursos federales etiquetados para programas sociales dirigidos a sectores vulnerables.
La acusación, formulada por la Fiscalía General de la República (FGR), establece que los fondos -transferidos por la Tesorería de la Federación al gobierno veracruzano- no se aplicaron conforme a su destino original ni fueron reintegrados a la federación. De acuerdo con el Ministerio Público, el dinero habría sido utilizado para cubrir nómina y otros compromisos financieros estatales, generando un presunto daño patrimonial.
La audiencia, realizada en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México y extendida por diez horas, concluyó con la determinación del juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor de dictar la vinculación a proceso y mantener la prisión preventiva justificada. Con ello, Duarte no podrá abandonar la cárcel el próximo 15 de abril, fecha en que estaba previsto que concluyera la condena de nueve años que cumple por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Para sustentar la imputación, la FGR presentó 38 datos de prueba. La Fiscalía sostiene que, como titular del Ejecutivo estatal, Duarte contaba con la facultad de ordenar la reasignación de recursos y que incluso firmó un decreto que habría propiciado la modificación del destino presupuestal. La tesis central no apunta al enriquecimiento personal directo, sino al ejercicio indebido de atribuciones que permitió alterar recursos etiquetados.
Por su parte, la defensa, encabezada por Pablo Campuzano de la Mora, negó responsabilidad y anunció que combatirá la medida cautelar. Argumenta que los hechos datan de hace más de una década y que la imputación carece de precisión respecto a tiempo, modo y lugar. No obstante, el juzgador estimó que existen elementos suficientes para iniciar un nuevo proceso penal.
Se fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria. En ese lapso, Fiscalía y defensa podrán ampliar pruebas antes de que el asunto avance a etapas posteriores.
El expediente confirma que la gestión duartista sigue generando consecuencias penales 15 años después de su conclusión. Aunque el monto señalado es marginal frente a los escándalos financieros que marcaron aquel sexenio, el patrón denunciado es el mismo: la manipulación de recursos públicos destinados a los más vulnerables.
Más allá del tecnicismo jurídico, el caso tiene una dimensión política ineludible. Duarte, convertido en emblema de la corrupción nacional, enfrenta una nueva acusación justo cuando se acercaba al cumplimiento de su sentencia previa. La interrogante ahora no es solo la solidez de la imputación, sino la capacidad institucional para sostenerla hasta sus últimas consecuencias.
