La Unidad de la Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que los contratos que Javier Duarte de Ochoa celebró con empresas vinculadas a Pegasus son un asunto de seguridad nacional y clasificó como reservados dichos convenios por 5 años mientras continúan las investigaciones, aunque el plazo se puede prorrogar.
Pegasus, el malware espía israelí usado para espiar a integrantes de diversos sectores, como políticos, periodistas y activistas, genera otra indagatoria al gobierno de Duarte de Ochoa.
Esto lo confirmó la oficina del titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, por lo que ahora se confirmó que el exmandatario también forma parte de las investigaciones sobre el espionaje que se cometió en las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
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Informes otorgados a través de una solicitud de acceso a la información pública detallan que Veracruz contrató a Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale SA de CV por 7 millones 626 mil 806.92 pesos, pero no se pueden revelar detalles de dicho convenio.
Incluso, la UIF indicó que la clasificación de reserva de estos contratos está pautada para cinco años al existir un “daño real, demostrable e identificable de perjuicio”; además, previamente se confirmó que la información se proporcionó a la Fiscalía General de la República.
La oficina de Nieto Castillo justifica que de proporcionar la información solicitada “se obstaculizarían las actividades de inteligencia que realiza esta UIF, ya que la mínima acción de especificar o señalar los datos o información con los que se cuenta en nuestros archivos, implicaría revelar los datos específicos que esta Unidad analiza y utiliza para la generación de inteligencia para la Seguridad Nacional”.
Además, la difusión de dicha información “podría poner en riesgo las actividades de prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo que realiza la UIF”.
Cabe recordar que hace unas semanas, Nieto Castillo reveló que los contratos tuvieron lugar entre los años 2012 a 2018.
“En todas las empresas vinculadas con este grupo particularmente con la Procuraduría General de la República, pero también un órgano administrativo desconcentrado de prevención y Gobiernos estatales, incluyendo los gobiernos del Estado de Veracruz en la época de Javier Duarte y del Gobierno del Estado de México”.
Se informó que, ante las distintas irregularidades detectadas, la UIF presentará la información a la Fiscalía General de la República (FGR) y se dará vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En un conferencia en Palacio Nacional, el titular de la UIF explicó que se trazó una red de transacciones financieras entre diversas empresas, entre ellas Grupo Tech Bull SA de CV, empresa con características de fachada, constituida por Balam Seguridad Privada SA de CV, misma que obtuvo un contrato con la extinta PGR por la venta de un software de espionaje denominado Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Grup por un monto de 32 millones de dólares, con el que se vigiló a periodistas y activistas.
Además, informó que Pegasus fue comprado al grupo Tech Bull en 2014 por Tomás Zerón de Lucio, entonces director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
El titular de la UIF añadió que supuestamente para adquirir equipo, estas empresas habrían realizado contratos para adquirir equipos que se pagaron en otros países, como Israel, Italia y Estados Unidos, en los que se registraron sobrecostos.
Las empresas involucradas, además de Grupo Balam y Grupo Tech Bull, fueron Proyectos y Diseños VME; Grupo Comercial Vicra, KBH Track SA de CV, Coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos.
Además, Artículos Textiles y Equipo y Accesorios MV; Constructora del Centro y del Bajío y Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale, la cual dio servicios al Gobierno en Veracruz.
Al solicitar detalles como los nombres de las personas que fueron espiadas en Veracruz, también se argumentó que es información que no poseen. Respecto a quienes son los funcionarios o exfuncionarios sujetos a investigación por estos hechos, la UIF dijo que será la FGR la encargada de llevar a cabo tales acciones.
