El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) determinó que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción habría desviado más de un millón 600 mil pesos en 2019, pues el dinero se habría destinado a acciones que no contribuyan al diseño, promoción y evaluación de políticas públicas orientadas al combate a la corrupción.
En el informe de la Cuenta Pública 2019, el órgano fiscalizador detalla que en el capítulo 3000 “Servicios Generales”, la Secretaría Ejecutiva realizó pagos en la partida 33100001 “Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos” por un importe de un millón 122 mil 804.01 pesos.
Los pagos se encuentran justificados en 20 operaciones referentes a los pagos efectuados a seis integrantes del Comité de Participación Ciudadana, con base a los contratos de prestación de servicios por honorarios celebrados con cada uno de los integrantes de ese Comité por el periodo por el cual estuvieron desempeñando el cargo durante el ejercicio 2019.
Dentro de las inconsistencias detectadas por el Órgano de Fiscalización, se determinó que no se presentó evidencia de los acuerdos específicos en los que el Órgano de Gobierno “haya autorizado las condiciones contractuales por los servicios de honorarios pagados”, de acuerdo con lo establecido en la propia Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
Para el caso específico de contratos firmados por un monto de 919 mil 244.40 pesos, señala el informe, no establecieron siquiera fecha de entrega de los servicios prestados por lo que ni siquiera hay evidencia de que hayan existido.
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana señalaron que gastaron tales cantidades en reuniones de trabajo; participación en programas de radio, ruedas de prensa y conferencias en foros y ponencias. Se trata de en actos de autopromoción como la toma de fotografías y publicaciones en redes sociales, de las que no se estableció cómo contribuyeron al combate a la corrupción.
Así también publicando textos apelativos; posteo en las redes sociales oficiales del Comité de Participación Ciudadana; entrevistas a medios de comunicación; donación de libros; asistencias a homenajes; presentaciones de libros, videoconferencias y talleres.
También gastaron para ser fotografiados en sesiones con el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz; en participación en tareas de difusión e impartición de cursos de capacitación; aplicación de encuestas; participación en Actas de Sesión de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz, incluyendo la asistencia y participación como invitados en Sesiones del Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción del SEAV.
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Al respecto, el ORFIS señaló que estas actividades no contribuyan a acciones orientadas al combate a la corrupción que conlleven, en su caso, al cumplimiento de los objetivos señalados en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
“No se detectó la elaboración explícita de proyectos o planes por parte de los miembros del ‘’CPC’’ que contribuyeran a la creación de bases o políticas públicas integrales que prevengan o, en su caso, combatan hechos de corrupción; directrices que definan la coordinación entre las autoridades competentes para efecto de prevenir, detectar, controlar o sancionar el combate a la corrupción.
“Políticas o bases que promuevan o fomenten la integridad en el servicio público, así como acciones que aseguren el comportamiento ético de los servidores empleados en el servicio público; plataformas informáticas que permitan, en su caso, la operación de sistemas electrónicos que coadyuven en el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información generada por las instituciones gubernamentales”, indica.
Es con respecto a estas irregularidades y otras, como la declaración extemporánea ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) respecto al impuesto sobre la renta, que generó recargos al sistema estatal Anticorrupción, que el ORFIS determinó un daño patrimonial de un millón 631 mil 731.74 pesos en el organismo que debería vigilar y combatir la combatir la corrupción.
Sistema Deficiente
En entrevista reciente el integrante del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana (UV), Rafael Arias, cuestionó la labor del SEA en temas como la crisis del Poder Judicial.
Cabe señalar que para este 2021 el Gobierno del Estado destinó un presupuesto de 18 millones 500 mil pesos para el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva.
Ante estas acciones, Arias dijo que existe un marco legal en materia anticorrupción y los funcionarios deben ser responsables de hacerlo valer.
“Yo pregunto en dónde está el Sistema Anticorrupción y sus funcionarios que sí cobran puntualmente”, cuestionó el académico.
