Rocío Nahle García presume números que, en el papel, suenan a luna de miel prolongada. Según mediciones de Demoscopia Digital y el diario La Jornada, la mandataria se coloca en el lugar 11 nacional con 63.2% de aprobación. Un dato cómodo, consistente, casi inamovible desde diciembre de 2024. Todo parece indicar que Veracruz vive en la estabilidad, según esos gráficos.
Pero, si la popularidad es tan sólida, ¿por qué no se ha movido un solo engrane para reglamentar la Revocación de Mandato en el estado? Porque una cosa es la aprobación medida y otra, muy distinta, la que se somete al veredicto directo de las urnas.
A menos de año y medio de gobierno, la administración estatal presume dinamismo. La agenda de Nahle va de foros turísticos en Acapulco a giras exprés por municipios como Santiago, Isla, Papantla o Poza Rica. Un día se deja ver en Palacio Nacional junto a Claudia Sheinbaum Pardo; al siguiente, encabeza reuniones internas en Xalapa. Movimiento constante, presencia mediática, operación política, la fórmula clásica.
En paralelo, se anuncian incrementos salariales a burócratas, policías y maestros; festivales para reactivar el turismo como Salsa Fest y Yolpaki; nuevas rutas aéreas; y una cirugía financiera a municipios atrapados en la deuda de la bursatilización. Acciones que, sin duda, impactan sectores clave y también alimentan la percepción.
Sin embargo, las acciones reales, tangibles de un gobierno no se mideó solo en eventos ni en boletines. La aprobación sostenida también debería resistir el escrutinio institucional. Sin embargo, la revocación de mandato sigue siendo una figura decorativa en Veracruz.
Si el respaldo ciudadano es tan firme como dicen las encuestas, someterlo a consulta no debería generar temor. Al contrario, sería la validación definitiva. Pero mientras la herramienta no exista en la práctica, la popularidad seguirá siendo un dato administrado, no una prueba superada.
En Veracruz, la confianza se mide, pero no se vota.
