Por Antulio Ficachi
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya le puso precio y tiempo al futuro de Ismael “El Mayo” Zambada: cadena perpetua y una multa de 15 mil millones de dólares.
La defensa del sinaloense había solicitado clemencia médica basándose en los achaques de la edad, pero la fiscalía de Washington respondió que las cárceles con hospital también tienen rejas de alta seguridad.
Para el gobierno estadounidense, dirigir un cártel durante décadas no califica para el programa de retiro domiciliario, por más que el acusado alegue que la salud ya no le da para más.
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Por los rumbos de la frontera norte, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, parece haber inaugurado una nueva modalidad de diplomacia bilateral: el ofrecimiento de información al mejor postor institucional.
Un nuevo audio revela reuniones con intermediarios del FBI y agentes especiales, donde la mandataria ofrece detallar lo que escucha en las mesas de seguridad del Estado con tal de evitar una orden de extradición.
La paradoja radica en que los funcionarios estadounidenses le aclararon que las agencias no suelen negociar con los investigados en pasillos de hoteles, dejando a la gobernadora con las carpetas abiertas y sin interlocutor oficial en Washington.
¡Sálvese quien pueda!
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Y mientras la gobernadora buscaba micrófonos extranjeros, el exembajador Ken Salazar reveló en sus memorias que el teléfono de Palacio Nacional estuvo desconectado tras la captura de Zambada en julio de 2024.
Salazar detalla que intentó comunicarse en cuatro ocasiones con el expresidente Andrés Manuel López Obrador para aclarar que la Casa Blanca no coordinó el operativo en territorio nacional.
La respuesta del tabasqueño fue el silencio absoluto, confirmando que en el epílogo del sexenio anterior, la diplomacia del teléfono descompuesto fue la estrategia oficial ante los reclamos vecinales.
Dicen que, desde Palenque, ya saben quién le gritó al exembajador el clásico: ¡Vente a La Chingada!
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En Veracruz, el subsecretario de Gobierno, José Manuel Pozos Castro, decidió utilizar el manual de la pureza partidista para atacar al senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, acusándolo de traición al proyecto de la transformación.
El detalle es que el árbol genealógico de Pozos Castro está sembrado en las nóminas del Instituto Veracruzano de la Vivienda y el sector salud, transformando la administración pública en una empresa de colocación familiar.
La memoria institucional recuerda la “honestidad y calidad moral” del subsecretario bajo las siglas del PRI, del PAN y ahora en Morena, demostrando que su verdadera ideología es la permanencia en el presupuesto.
Lo que aún no tiene respuesta es la duda que ronda en la CFE: cuál fue el destino de los postes, luminarias y terrenos que se esfumaron hace años en la zona de El Farallón y desaparecieron del inventario justo cuando el hoy funcionario estatal despachaba a la sombra de don Carlos Smith.
De aquellos polvos, estos lodos burocráticos.
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Al respecto, la gobernadora Rocío Nahle optó por aplicar la técnica del desdén ante las críticas de Huerta sobre la reforma a la revocación de mandato.
Al ser cuestionada sobre el senador, Nahle sugirió que los legisladores deberían dedicarse a leer las leyes antes de emitir opiniones. La respuesta buscó zanjar la disputa interna, argumentando que el ajuste local es una simple homologación federal, mientras el fuego amigo en el estado sube de intensidad por el reparto de los espacios políticos.
Tal parece que, así como abunda el dengue en territorio veracruzano, en el Palacio del Mármol abunda la repulsión a someterse a la revocación del mandato.
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Para colmo, los transportistas de Veracruz se sumaron a la presión institucional al exigir una tarifa mínima de 50 pesos bajo el argumento de que el estado de las calles destruye sus suspensiones.
Las organizaciones de taxistas afirman que la competencia de plataformas digitales les ha quitado el 40 por ciento de las ganancias, por lo que enviaron un pliego petitorio a la señora Nahle.
La solicitud plantea una encrucijada para la administración: autorizar el aumento al costo del pasaje a costa del bolsillo ciudadano o mantener el congelamiento tarifario con el riesgo de un paro de motores en plena temporada política.
En el gremio ruletero bien saben que aplicaciones vemos, chantajes desconocemos.
