Con tal de constatar que diversos bienes inmuebles adquiridos en Estados Unidos por parte de Javier Duarte de Ochoa, fue con recursos públicos, el despacho contratado en Texas por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares solicitó el apoyo de un ex agente del FBI, especializado en lavado de dinero.
Así consta en la contestación hecha el pasado mes de julio, por parte de los abogados de José Antonio Bandin y Mónica Babayan, donde reprocha que las únicas pruebas contra sus clientes son un oficio del director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, Armando García Cedas pidiendo a la Fiscalía General del Estado iniciar una investigación contra sus representados; una declaración jurada del ex agente del FBI, James K. Ellis; una copia de la acusación formal contra Bandín; una supuesta declaración de investigación en Veracruz; registros de propiedad del Condado de Harris y notas periodísticas.
“La llamada evidencia del demandante queda muy por debajo de este estándar”, agrega la defensa de los socios de Javier Duarte, razón por la cual pide desechar por completo el proceso civil iniciado para confiscar bienes inmuebles a sus representados.
“Antes de analizar cada una de las pruebas del demandante, observamos que cinco de las seis las exposiciones son oídas por sí mismas o están repletas de rumores dentro de ellas (el único excepción siendo los registros de propiedad y los documentos de formación corporativos)”, se añade en el oficio enviado por el abogado.
De acuerdo con la declaración del ex agente del FBI, José Antonio Bandin estuvo involucrado en el lavado de ganancias obtenidas ilícitamente en los Estados Unidos, “pero admite que él está basando esto opinión sobre rumores y especulaciones.
Se basa en reuniones con el Gobernador de Veracruz y su personal, pero él no menciona quién estaba en asistencia a esas reuniones, cuando ocurrieron, y lo que se discutió en esas reuniones.
“Incluso si la corte pudiera pasar las oídas apiladas sobre rumores; una persona desconocida que le dice a Ellis que ahora le está diciendo a este Tribunal, es imposible para que la Corte pueda deducir razonablemente que los demandados de Bandin son responsables sin ningún detalle factual que explique lo que sucedió en estas reuniones, o más específicamente, cómo estas personas desconocidas llegaron a la conclusión de que Bandin y los acusados participaron en una conspiración con Duarte”, refiere la defensa.
A continuación el documento íntegro:
