Por J. Antonio Flores Vargas
Que el ejercicio de informar en Veracruz exige una sacudida profunda, nadie en su sano juicio osaría ponerlo en duda. El debate sobre cómo meter en orden el tumultuoso e inflamado escenario mediático vuelve a levantar enrarecido polvo en la agenda comarcal. Resucita con ello un fantasma de sobra conocido: la perpetua tentación del poder público por repartir Patentes de Corso -o credenciales de “periodista autenticado”- bajo el piadoso pretexto de frenar la extorsión digital, el chantaje en redes y la descarada infiltración de la delincuencia disfrazada de nota roja.
Sin embargo, la disyuntiva que hoy se orquesta desde la cúspide gubernamental es trampantojo puro. Pretenden acorralarnos entre dos extremos de impecable esterilidad: la descalificación irracional frente a cualquier intentona de norma, o la sumisa entrega de la libertad de expresión a las horcas caudinas de un filtro burocrático. Entre el libertinaje del extorsionador y el garrote vil del censor, Veracruz no precisa de un prefecto de ventanilla dictaminando quién goza de “licencia para informar”, ni tampoco de vanidades gremiales escudadas en el pergamino añejo o el título universitario. Lo que urge es una auténtica política de Estado: aplicar la ley a secas al delincuente y otorgar garantías reales al comunicador.
Para salir de este atolladero sin dinamitar libertades ni transgredir compromisos internacionales, la discusión pública puede asentarse en tres ejes insustituibles:
1. El gremio se autorregula; el Estado sólo garantiza
Entregar al Ejecutivo o a entes como la CEAPP la potestad de elaborar el “padrón oficial” equivale a franquearle la puerta de par en par a la censura previa. La ética y la legitimidad jamás se decretan en un escritorio de palacio. Corresponde a las asociaciones independientes (las serías, no las de regenteo), a los colegios de profesionales y a las universidades autónomas el validar a sus pares y velar por la observancia de sus códigos de conducta. ¿La responsabilidad de la autoridad? Apoyar la profesionalización continua y respetar las acreditaciones que el propio gremio valide para la cobertura institucional. Punto.
2. Al chantajista, el Código Penal; no el embudo de la burocracia
Llamemos a las cosas por su nombre: la extorsión, la difamación tarifada y el “halconeo” transmitido en vivo no constituyen ejercicio periodístico; son delitos tipificados. Pretender meter en cintura a las páginas fantasma inventando licencias de prensa es un monumento al despropósito. No se requiere burocracia informativa, sino una Fiscalía Especializada que actúe con rigor implacable y una Policía Cibernética con verdadera capacidad operativa, con dientes. Perseguir el delito común sin miramientos protege a la sociedad y despeja el terreno para quienes ejercen el oficio con dignidad.
3. Cuentas claras en la protección: menos retórica, más certezas
Trágico y doloroso saldo arroja Veracruz en la estadística nacional de agresiones contra comunicadores. Por ello, los recursos destinados a su resguardo no pueden seguir administrándose como un cheque en blanco sin rendición de cuentas. Los mecanismos e instrumentos de protección deben operar en caja de cristal y bajo la mirada escrutadora de la ciudadanía. Cada peso invertido ha de traducirse en blindaje efectivo: medidas cautelares reales, protocolos de seguridad en zonas de alto riesgo, seguros de vida dignos y un respaldo integral e intocable para las familias de los periodistas caídos.
Hacia un acuerdo que eleve la vara
Veracruz ha pagado una cuota de sangre y agravios demasiado alta como para permitir que este trance se resuelva entre la sospecha mutua y la simulación. La salida no vendrá de un decreto mordaza, sino de la articulación política real: una Mesa de Trabajo plural donde converjan el Ejecutivo, el Legislativo, la CEAPP, la academia y los colectivos de comunicadores para trazar una verdadera Ley de Fomento a la Profesionalización y Protección Periodística.
Sólo al trazar una frontera infranqueable entre la libertad de informar, la responsabilidad ética y el peso inflexible de la ley penal, la sociedad veracruzana podrá distinguir a quien ejerce el periodismo como un servicio público imprescindible de quien utiliza un dispositivo móvil como simple instrumento de chantaje. Es el único camino para despejar el horizonte frente a tres males recurrentes: la tribuna digital convertida en desahogo visceral, la extorsión impune y la proliferación de medios de ocasión diseñados para lucrar con el erario al amparo del poder en turno.
Sí, que se transparente todo: la ligación -explícita o velada- de medios, reporteros, columnistas y analistas con el poder público, estatal y municipal. Desnudar esos nexos es indispensable para medir su verdadero alcance, su penetración real y, sobre todo, la sustancia de su credibilidad. Al final de la jornada, en este noble y riguroso oficio, es el lector -y nadie más- quien ostenta el veredicto supremo sobre lo que consume, cree y valida.
