El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares reconoció que su administración dejará de recibir 172 millones de pesos por la condonación aprobada para los transportistas públicos en el estado.
Refirió que la prórroga fue ampliada hasta julio próximo, pero negó que se trate de un tema electorero, como han señalado algunos actores, pues dijo que se debe a que hubo problemas para atender a los transportistas.
“No es atribuible a los prestadores del servicio público, sino fundamentalmente a procesos internos administrativos que debemos mejorar, por esa razón tomé la decisión de emitir tres decretos”.
Por ello, dijo que emitió un decreto para la condonación al 100 por ciento del impuesto a la tenencia o uso de vehículos y los derechos de control vehicular.
Además, la condonación en el pago de la actualización y recargos de multas a personas físicas y morales dadas de alta en el Registro Estatal de Contribuyentes en materia vehicular del servicio de transporte público.
En otro tema, dijo que han detectado al menos 15 mil unidades de transporte público de taxis “piratas”, reconoció el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Dijo que derivado del registro de unidades y conductores como parte del reordenamiento vehicular, se han detectado a unidades que operaban en la irregularidad, ya que no contaban con los permisos para dar el servicio.
“En este primer registro han dejado de otorgar servicio entre 10 y 15 mil vehículos piratas, que causaban daños no solo a los taxistas autorizados, sino que llevaban a una situación de inseguridad porque eran vehículos no registrados por el estado”.
No obstante, indicó que al término del registro que se tendrá el 31 de julio próximo, se podrá conocer la cifra total de los vehículos irregulares que prestaban servicio en el estado.
Finalmente, el Gobernador negó que haya “un pacto de impunidad” para los familiares del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, que entregaron el rancho La Cartuja al Gobierno del Estado.
No obstante, admitió que ras la donación del rancho, se suspendieron investigaciones en contra de algunos familiares.
“No hay convenio de impunidad, hay procedimientos que autoriza el Código Nacional de Procedimientos Penales para que en caso de que se repare el daño y se determine devolver el bien, se pudiera suspender alguna investigación”.
