- Reforma al impuesto al hospedaje en Veracruz elimina el voto de empresarios hoteleros y concentra el control de los recursos en el gobierno estatal de Rocío Nahle.
Xalapa, Ver. – La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, envió al Congreso del Estado una iniciativa para reformar el Código Financiero, con la que se plantea una reconfiguración profunda del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, tanto en el destino de los recursos como en la participación del sector privado, que perdería el derecho a voto en las decisiones clave sobre su aplicación.
La propuesta de decreto modifica los artículos 113, 114 y 115, ampliando el uso del impuesto para que no se limite a promoción turística, sino que también financie obras de infraestructura pública y servicios vinculados con la actividad turística en general.
Impuesto al hospedaje se usará para infraestructura pública
Según la iniciativa, el Gobierno del Estado busca destinar los recursos del impuesto a proyectos de infraestructura de interés turístico, bajo el argumento de que estas inversiones pueden generar empleo, mejorar servicios y fortalecer la difusión del patrimonio cultural y natural de Veracruz.
En la exposición de motivos se señala que el Ejecutivo estatal debe asumir la responsabilidad directa sobre estos fondos públicos, al considerar que su aplicación estratégica permitirá mayores beneficios económicos y sociales.
Fideicomiso estatal administrará los recursos turísticos
Para la administración del impuesto, la iniciativa propone la creación de un fideicomiso que funcionará como centro de capital y será operado por un administrador especializado. Este esquema contará con un sistema propio de control del flujo de efectivo y del cumplimiento de la normatividad aplicable.
El documento establece que el fideicomiso podrá destinar hasta 10 por ciento de los recursos a gastos de operación, un punto que genera cuestionamientos entre representantes del sector turístico, quienes advierten sobre el riesgo de que los costos administrativos reduzcan el impacto real de las inversiones.
Empresarios pierden voto en decisiones clave
El cambio más polémico se encuentra en la integración del Comité Técnico del fideicomiso. Este órgano será presidido por la titular del Poder Ejecutivo y contará con la participación con derecho a voto de los secretarios de Turismo; Finanzas y Planeación; Desarrollo Económico y Portuario; Infraestructura y Obras Públicas; y Protección Civil.
En contraste, los siete representantes del sector hotelero solo participarán con derecho a voz, pese a que el impuesto es recaudado directamente de su actividad económica. Los representantes empresariales serán designados por consenso entre las siete regiones turísticas del estado.
Inquietud empresarial por pérdida de contrapesos
De manera extraoficial, representantes del sector hotelero han expresado preocupación por la pérdida de contrapesos en el manejo de un impuesto que, subrayan, es aportado directamente por empresarios y turistas.
Un dirigente hotelero, que pidió el anonimato, señaló que “el problema no es que se invierta en infraestructura, sino que se nos excluya de la toma de decisiones. Pasamos de ser corresponsables a simples observadores”.
Otro representante del sector advirtió que la reforma podría desincentivar la confianza empresarial, al considerar que se rompe el principio de participación público-privada que justificó originalmente el impuesto al hospedaje”.
Comité autorizará obras sin voto del sector privado
Las reformas al artículo 115 otorgan al Comité Técnico la facultad de autorizar programas de trabajo y presupuestos de egresos para infraestructura pública, además de supervisar que los proyectos se alineen con las políticas estatales de turismo y vigilar su ejecución.
Para empresarios del ramo, esta modificación consolida un modelo de centralización en el que el gobierno define prioridades, proyectos y presupuestos, mientras el sector privado queda limitado a emitir opiniones no vinculantes.
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La iniciativa fue turnada al Congreso del Estado el 31 de diciembre de 2025, una fecha peculiar para modificar de fondo un impuesto que pagan los empresarios y, de paso, quitarles el derecho a voto. Mientras el reloj avanzaba hacia el brindis de Año Nuevo, la Ejecutiva estatal dejó listo un ajuste estructural que redefine el control de los recursos turísticos, lejos del debate abierto y con tufo autoritario.
En Veracruz, el sector privado podrá seguir poniendo la mesa, pero ya no decidirá qué se sirve ni quién reparte el presupuesto: su papel queda reducido al de simples plantas decorativas en la toma de decisiones.
