El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, dijo que los pagos que exigen empresarios veracruzanos están sujetos a la capacidad presupuestaria del Gobierno estatal, sin embargo “no están obligados a lo imposible”.
Al respecto, añadió que el área jurídica de la dependencia analiza aceptar la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 155/2020, respecto a los reclamos de pagos que realizan proveedores y contratistas integrantes de dicha agrupación.
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Cabe recordar que la CEDH determinó que el Gobierno del Estado violentó el derecho a la seguridad jurídica de algunos empresarios veracruzanos, a quienes no se les permitió realizar los trámites para validar los presuntos adeudos de la administración 2010-2016; recomendando a la dependencia a cumplir con el trámite.
“Más allá de los adeudos yo creo que más allá de un tema político, jurídico, es un tema netamente presupuestal; si bien es cierto que estamos haciendo un buen esfuerzo para cumplir con todos los compromisos que nos dejaron, tenemos una restricción presupuestal (…).
“La intención del Estado es cumplir, pero también en la medida de nuestras posibilidades”, subrayó el funcionario estatal.
Subrayó que el Gobierno estatal no está “obligado a lo imposible”, sin embargo, se revisará si los pagos pendientes que reclama dicha organización están sustentados.
“Si están en lo correcto y legalmente el tema de estas recomendaciones pues yo creo que no habría ningún problema en aceptarlas. Al final del día son temas que administraciones pasadas a lo mejor no lo hicieron, con dolo no validaron o por cualquier omisión que hubieran hecho (…).
“Si está el tema legal nos corresponde hacer algo lo haremos sin ningún problema; más allá de eso yo creo que el tema no es legal ni político. No tenemos ningún problema con proveedores que hayan entregado un bien o servicio en tiempo y forma”, reiteró.
Recordó que a la fecha las distintas dependencias continúan validando reclamos de pagos por pendientes generados en Gobiernos anteriores y han desestimado solicitudes por al menos mil millones de pesos porque no se comprobaron las obras o servicios prestados.
“Hay que recordar que por ejemplo en lo que llevamos cerca de mil millones de pesos que no se han validado, que los órganos internos de control no han validado que son servicios que están pidiendo que no se entregaron; bienes que, igual que no hay certeza de que se hayan entregado y otros bienes o servicios que están planteando que no hay contrato, que no hay facturas”.
Añadió que la actual administración encabezada por Cuitláhuac García tiene que cumplir con un proceso jurídico correspondiente para validar los pagos que se solicitan por proveedores y contratistas.
