En Veracruz circulan 40 “Camionetitas de la Salud”, pero los documentos de su compra parecen haberse quedado varados en algún camino rural. No hay contratos públicos, expedientes de adquisición ni comprobantes claros sobre el destino de los recursos utilizados para poner en marcha uno de los programas más presumidos por el gobierno de Rocío Nahle.
Las unidades recorren municipios, reparten medicamentos y aparecen en discursos oficiales, pero en materia de transparencia operan prácticamente en modo invisible.
El proyecto, posteriormente elogiado por la presidenta Claudia Sheinbaum como ejemplo de distribución médica en zonas apartadas, acumula dudas por la ausencia de información básica que cualquier dependencia está obligada a publicar cuando se usan recursos públicos.
Solicitudes de transparencia dirigidas a la Coordinación Estatal del IMSS-Bienestar en Veracruz terminaron con una respuesta tan sorprendente como conveniente: no existen expedientes sobre la adquisición de las camionetas.
La misma ruta siguieron los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), que admitieron no contar con evidencia documental de contratos de compra de las unidades que hoy circulan por las 11 jurisdicciones sanitarias del estado.
La escena resulta peculiar. Camionetas hay, gasolina también, operadores igual, pero papeles no. Como si las unidades hubieran aparecido por generación espontánea en los patios gubernamentales.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz establece con claridad que toda adquisición financiada con dinero público debe estar respaldada por contratos, procedimientos y comprobación del gasto. Pero en este caso, la información parece haberse enfermado de opacidad.
El pasado 23 de marzo, Rocío Nahle afirmó que las camionetas fueron compradas con recursos estatales y federales, aunque reconoció desconocer el costo total de la operación.
“Son de salud, no sé cuál fue el costo, pero fue dinero de salud y las compramos casi entrando”, declaró la gobernadora.
La frase terminó convirtiéndose en una síntesis involuntaria del manejo administrativo del programa, se compraron, pero nadie sabe exactamente cuánto costaron ni dónde están los documentos que lo acrediten.
El esquema arrancó en diciembre de 2024 como una de las apuestas emblemáticas del nuevo gobierno estatal para abastecer medicamentos en regiones marginadas y de difícil acceso. Primero fueron 11 unidades adquiridas por el estado; después llegaron otras 29 enviadas por el Gobierno Federal hasta completar una flotilla de 40 vehículos.
En aquel anuncio oficial se informó que cada una de las primeras camionetas tuvo un costo aproximado de 600 mil pesos. Sin embargo, meses después, la cifra sigue flotando únicamente en declaraciones públicas, porque los contratos y expedientes simplemente no aparecen.
Mientras las “Camionetitas de la Salud” avanzan por las carreteras veracruzanas, la transparencia viaja en sentido contrario y la opacidad, junto con las sospechas de corrupción, circulan a toda velocidad.
