Un trabajador del Poder Judicial en Veracruz denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a la presidenta del Poder Judicial, Isabel Inés Romero Cruz. La acusó de que ordenó que fuese dado de baja de manera arbitraria del Seguro Social, aunque tiene padecimientos que ponen en riesgo su vida.

Se trata de un defensor de oficio adscrito a la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien a la par procedió en contra de otros funcionarios de dicho poder.

Concretamente señaló por presunto abuso de autoridad a la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, María Cecilia Guadalupe Hernández; a la Directora General de Administración del Consejo de la Judicatura, Joana Marlen Bautista Flores y a la Subdirectora de Recursos Humanos del propio Tribunal Superior de Justicia, Alma Nallely García Hernández.

En el escrito, el trabajador Flavio Mario Santés Álvarez narra que al estar dentro del grupo de personas vulnerables y de alto riesgo respecto a la pandemia durante toda la primera mitad del año requirió constantemente la atención medica del IMSS.

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Señaló que el pasado junio le fue notificada su baja patronal del Instituto, aun y cuando se encontraba en licencia médica otorgada por la propia institución médica, misma que era del conocimiento del Poder Judicial.

El asesor jurídico del agraviado, Tomás Mundo Arriasa, quien está certificado por la ONU, explicó que la denuncia ya fue ratificada y solicitará por primera vez en Veracruz que se integre una prueba científica consistente en una tomografía computarizada de la Presidenta del Tribunal.

Loa anterior para probar que la presidenta toma decisiones que le dictan desde fuera”, y derivado de sus constantes abusos de autoridad.

Además, indicó que se aportarán dos pruebas de especialistas médicos o particulares que probarán que la enfermedad que padece la víctima es crónico-degenerativa y pone en riesgo su vida.

A la fecha, en México y el mundo ya se utilizan las pruebas neurológicas para probar la teoría del caso de las defensas, como en España y Baja California donde ya se usaron las pruebas de neurociencias.

De acuerdo con el afectado, el 21 de junio debía acudir a cita médica en Xalapa donde le dijeron que había sido cancelada sin motivo aparente; indagando más, se le informó que en realidad había sido dado de baja en el servicio.

“Momentos más tarde acudí a la clínica 66 en donde se me dijo que la consulta con el médico familiar para obtener mi licencia, era improcedente pues había sido dado de baja por la parte patronal, lo que me sorprendió pues estimé que si eso era realidad estaba cometiéndose en agravio del suscrito un abuso de autoridad y la posibilidad cierta de actualizar alguna otra figura típica, pues dado el tipo de enfermedad que padezco al dejárseme sin la atención y medicamentos idóneos, la consecuencia deviene fatal.

“Máxime el conocimiento de la parte patronal, de esta situación, pues con anterioridad fueron receptoras de las licencias médicas expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con mi persona; todo ello, lógicamente causó afectación emocional y desde luego la zozobra ante mi futuro en el renglón de Seguridad Social”, dijo.

Al solicitar la investigación de los hechos por parte de la Fiscalía, denunció que los servidores públicos a los que señala tienen impedido el negar sin motivo y justificación alguna su acceso a la salud, pues podría devenir en su muerte.

Por todo lo anterior, pidió que se realicen todas las diligencias necesarias para determinar la responsabilidad que tienen las personas señaladas en su denuncia y se proceda como corresponde.

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