Mientras la rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara metía presión al Congreso del Estado para que le fueran autorizados mil 682 millones 467 mil 895 pesos adicionales a su presupuesto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) exhibió los malos manejos de los recursos federales, al detectar una malversación superior a los 300 millones de pesos.
De acuerdo con la ASF, la Universidad Veracruzana “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”.
En el informe entregado este fin de semana por la autoridad fiscalizadora, en la Auditoría de Cumplimiento: 2019-4-99009-19-0161-2020 161-DS cuyo objetivo es fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, en la cuenta pública 2019, se encontró que no se cumplió con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.
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La ASF explica que de los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Veracruzana, mismos que ascendieron a 2 mil 604 millones 224.6 mil pesos, se revisó una muestra de 2 mil 596 millones 084.2 mil de pesos, que representó el 99.7 por ciento.
Como resultados se encontró que la UV realizó pagos al margen de la Ley a sus empleados, mismos que representan un exceso por conceptos de prestaciones no ligadas al salario, respecto del importe autorizado, de ahí que existen 394 millones 430 mil 252.07 pesos pendientes por aclarar.
De esas observaciones se generaron tres promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, así como dos Pliegos de Observaciones.
“En el ejercicio de los recursos, la Universidad Veracruzana registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, servicios personales y transparencia que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal”, dictamina.
Apenas este jueves pasado, el poder legislativo autorizó un monto superior a los mil 600 millones de pesos para la UV, mismos que serán utilizados para el pago de pasivos fiscales dejados desde el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
La rectora, que este año concluye su segundo periodo al frente de la máxima casa de estudios, ha sido acusada entre otras cosas, de haber comprado una mansión valuada en más de 12 millones de pesos, monto superior al salario que ha devengado en el cargo, establecido en poco más de un millón 200 mil pesos al año.
